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Denegado el traslado a un módulo de mujeres de un preso condenado por intento de asesinato de su pareja en Bilbao tras su cambio de género.
El Gobierno Vasco justifica su decisión en el contexto de la violencia de género y la seguridad penitenciaria.
Publicado: 27 de enero de 2026, 10:33
El Departamento de Justicia del Gobierno Vasco ha confirmado la denegación del traslado a un módulo de mujeres de un interno condenado a 21 años de prisión por intentar asesinar a su pareja, tras formalizar su cambio de género y nombre en el Registro Civil. Esta decisión ha sido fundamentada en la necesidad de garantizar la seguridad y la convivencia en el entorno penitenciario, dado el historial delictivo del preso.
El condenado fue sentenciado por el Tribunal Supremo en octubre de 2025, luego de que la Audiencia de Bizkaia determinara que había intentado matar a su pareja, provocando un incendio en su vivienda. La negativa al traslado se enmarca en la normativa del Gobierno Vasco sobre el tratamiento de personas transexuales en el sistema penitenciario, la cual establece excepciones para aquellos con condenas por delitos de violencia de género o sexuales, justificando así la decisión del Departamento de Justicia.
Fuentes del Gobierno han señalado que el historial delictivo se valora en cada solicitud de traslado. Aunque el condenado expresó que su acción tenía un matiz de suicidio, el tribunal desestimó esta versión. La audiencia consideró atenuantes como la alteración psíquica del procesado, pero estas no modificaron la gravedad de los delitos cometidos, resultando en una pena efectiva de 18 años.
El condenado fue sentenciado por el Tribunal Supremo en octubre de 2025, luego de que la Audiencia de Bizkaia determinara que había intentado matar a su pareja, provocando un incendio en su vivienda. La negativa al traslado se enmarca en la normativa del Gobierno Vasco sobre el tratamiento de personas transexuales en el sistema penitenciario, la cual establece excepciones para aquellos con condenas por delitos de violencia de género o sexuales, justificando así la decisión del Departamento de Justicia.
Fuentes del Gobierno han señalado que el historial delictivo se valora en cada solicitud de traslado. Aunque el condenado expresó que su acción tenía un matiz de suicidio, el tribunal desestimó esta versión. La audiencia consideró atenuantes como la alteración psíquica del procesado, pero estas no modificaron la gravedad de los delitos cometidos, resultando en una pena efectiva de 18 años.