Defensor del Pueblo urge a aumentar la vivienda pública y regular el alquiler

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado recientemente un informe en el que pone de relieve la crisis de acceso a la vivienda en España, instando a las administraciones públicas a adoptar medidas urgentes. En su informe, titulado 'La efectividad del derecho a una vivienda digna y adecuada. Un problema social crítico', el Defensor hace 35 recomendaciones para abordar este problema y mejorar la situación de muchos ciudadanos que no pueden acceder a una vivienda digna.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran la necesidad de incrementar el parque de vivienda pública y protegida, así como la promoción de alquileres asequibles por medio de incentivos para emplear viviendas privadas desocupadas. Además, el informe sugiere limitar la proliferación de pisos turísticos en los barrios que se ven afectados negativamente por esta práctica, que ha contribuido al encarecimiento del alquiler en muchas zonas.

El Defensor enfatiza la importancia de una coordinación efectiva entre las distintas administraciones y requiere políticas de largo plazo para asegurar que se garanticen los derechos de los colectivos más vulnerables. En este contexto, se hace un llamado a preservar la calificación pública de las viviendas protegidas, garantizando que permanezcan en el parque de alquiler y no se descalifiquen con el tiempo.

El informe también argumenta que la existencia de una cantidad suficiente de vivienda pública puede regular el mercado, ayudando a moderar los precios, especialmente en periodos de aumento de la demanda. Esta perspectiva se centra en la necesidad de aumentar el porcentaje de viviendas públicas en comparación con la media europea, que actualmente se sitúa entre el 8% y 9%, en contraste con el 3-3,5% que se prevé en España.

En el ámbito político, el grupo parlamentario del Partido Popular (PP) ha presentado enmiendas a la ley del Suelo de la Generalitat Valenciana con el objetivo de facilitar la conversión de solares privados vacantes en viviendas protegidas. Esta medida busca aprovechar terrenos que, en teoría, deberían dedicarse a equipamientos públicos, como colegios o hospitales, para abordar la escasez de vivienda. La modificación legislativa propuesta establecería que la edificabilidad obtenida se destine exclusivamente a vivienda protegida de forma permanente.

Los populares defienden que estas acciones son cruciales para utilizar efectivamente el suelo disponible y mitigar la crisis de acceso a la vivienda. Asimismo, han surgido propuestas de otros grupos, como Vox, que plantean cambios en la regulación del suelo no urbanizable, lo cual ha generado un intenso debate político sobre la dirección de la política urbanística de la región. La probable aprobación de estas modificaciones a la ley del Suelo se lleva a cabo en un contexto donde diversas opiniones se enfrentan sobre cómo abordar la crisis de la vivienda, lo que resalta la complejidad de la situación actual.