Progresista 48.5%Conservador 51.5%
Cristina Kirchner recibe prisión domiciliaria tras ser condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta y debe devolver 500 millones de dólares al Estado.
La decisión judicial busca mitigar la tensión política y evitar protestas de sus seguidores en Argentina.
Publicado: 18 de junio de 2025, 08:19
Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, ha sido condenada a seis años de prisión por su papel en irregularidades vinculadas a la concesión de obras públicas durante su mandato. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N.º 2 le ha otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria, condicionada por el uso de una tobillera electrónica y restricciones sobre su movimiento y visitas. Esta decisión se produce en medio de un entorno político tenso, dado el apoyo activo de sindicatos y organizaciones sociales que han confirmado movilizaciones en su defensa. La sentencia limita también su capacidad para ocupar cargos públicos de manera perpetua.
Además, se estableció que se habían concedido de manera irregular 51 obras públicas a un empresario cercano a Kirchner, lo que generó un perjuicio al Estado de aproximadamente 500 millones de dólares. Desde que la Corte Suprema ratificó la condena, los sectores peronistas han organizado una manifestación para el miércoles en la Plaza de Mayo, con el objetivo de expresar su rechazo a lo que consideran una condena injusta y motivada políticamente. La preocupación por su prisión domiciliaria es considerable, no solo a nivel legal, sino también en cuanto a su impacto social, dado que sus seguidores han comenzado a movilizarse y había una marcha programada que se ejecutará sin su presencia.
El nuevo gobierno de Javier Milei se enfrenta a la necesidad de mantener la estabilidad social a pesar del respaldo popular que sigue teniendo Kirchner. Su futuro político es incierto, ya que su historia está ligada al electorado peronista y la condena podría afectar sus posibilidades de retorno al poder. Este contexto de movilización social también se ve complicado por la desconfianza en el sistema judicial, dada la relación de algunos fiscales con el gobierno anterior.
Además, se estableció que se habían concedido de manera irregular 51 obras públicas a un empresario cercano a Kirchner, lo que generó un perjuicio al Estado de aproximadamente 500 millones de dólares. Desde que la Corte Suprema ratificó la condena, los sectores peronistas han organizado una manifestación para el miércoles en la Plaza de Mayo, con el objetivo de expresar su rechazo a lo que consideran una condena injusta y motivada políticamente. La preocupación por su prisión domiciliaria es considerable, no solo a nivel legal, sino también en cuanto a su impacto social, dado que sus seguidores han comenzado a movilizarse y había una marcha programada que se ejecutará sin su presencia.
El nuevo gobierno de Javier Milei se enfrenta a la necesidad de mantener la estabilidad social a pesar del respaldo popular que sigue teniendo Kirchner. Su futuro político es incierto, ya que su historia está ligada al electorado peronista y la condena podría afectar sus posibilidades de retorno al poder. Este contexto de movilización social también se ve complicado por la desconfianza en el sistema judicial, dada la relación de algunos fiscales con el gobierno anterior.