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Cristina Fernández condenada a seis años de prisión: la Corte Suprema ratifica fallo y desata protestas masivas en Argentina
La confirmación de la pena a la expresidenta genera reacciones políticas y movilizaciones populares en su defensa.
Publicado: 11 de junio de 2025, 04:57
La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha ratificado la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Fernández de Kirchner por irregularidades en la concesión de obras públicas durante su mandato. Las movilizaciones contra la ratificación este martes crecen en las principales ciudades del país, mientras siguen llegando militantes peronistas a la casa de la líder del Partido Justicialista (PJ) en Buenos Aires para pasar la noche a la intemperie. Esta decisión ha suscitado movilizaciones masivas en varias ciudades donde sus simpatizantes han mostrado apoyo y rechazo al fallo. La sentencia se basa en la conocida 'causa Vialidad', que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obras de infraestructura en Santa Cruz.
Fernández calificó a los jueces de 'monigotes' y criticó la justicia argentina, llamando a sus seguidores a permanecer firmes en su lucha política. Tras la ratificación de la condena, los sindicatos y grupos sociales han comenzado a movilizarse, organizando protestas donde se levantaron carteles de apoyo con lemas como 'Todos con Cristina'. Las protestas han tomado fuerza en lugares como Rosario y San Miguel de Tucumán, donde cientos de personas se han reunido en apoyo a la expresidenta, y también se han reportado actos de vandalismo contra medios de comunicación. Con la expectativa de su arresto, estas movilizaciones han cobrado impulso, especialmente debido a la inhabilitación perpetua que impide a Fernández participar en futuras elecciones.
El presidente Javier Milei celebró la decisión judicial, argumentando que se ha hecho justicia, mientras que los simpatizantes de Fernández creen que esto distorsiona el panorama electoral. Por su parte, líderes de otros países, como el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el gobierno de Venezuela, han manifestado su apoyo a Fernández, calificando el fallo como un uso político de la justicia en su contra. Gregorio Dalbón, abogado de Fernández, anunció que la defensa intentará revertir la condena a través de organismos internacionales, incluyendo la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando falta de imparcialidad en el proceso judicial. La defensa también ha solicitado que la expresidenta cumpla la condena en su domicilio, debido a su edad de 72 años. Las protestas reflejan la división política y social que rodea a este caso, intensificando el debate sobre la efectividad y la imparcialidad de la justicia en Argentina.
Fernández calificó a los jueces de 'monigotes' y criticó la justicia argentina, llamando a sus seguidores a permanecer firmes en su lucha política. Tras la ratificación de la condena, los sindicatos y grupos sociales han comenzado a movilizarse, organizando protestas donde se levantaron carteles de apoyo con lemas como 'Todos con Cristina'. Las protestas han tomado fuerza en lugares como Rosario y San Miguel de Tucumán, donde cientos de personas se han reunido en apoyo a la expresidenta, y también se han reportado actos de vandalismo contra medios de comunicación. Con la expectativa de su arresto, estas movilizaciones han cobrado impulso, especialmente debido a la inhabilitación perpetua que impide a Fernández participar en futuras elecciones.
El presidente Javier Milei celebró la decisión judicial, argumentando que se ha hecho justicia, mientras que los simpatizantes de Fernández creen que esto distorsiona el panorama electoral. Por su parte, líderes de otros países, como el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el gobierno de Venezuela, han manifestado su apoyo a Fernández, calificando el fallo como un uso político de la justicia en su contra. Gregorio Dalbón, abogado de Fernández, anunció que la defensa intentará revertir la condena a través de organismos internacionales, incluyendo la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando falta de imparcialidad en el proceso judicial. La defensa también ha solicitado que la expresidenta cumpla la condena en su domicilio, debido a su edad de 72 años. Las protestas reflejan la división política y social que rodea a este caso, intensificando el debate sobre la efectividad y la imparcialidad de la justicia en Argentina.