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Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, en el centro de la investigación sobre el software para la cátedra de la Complutense
La conexión con Deloitte y las dudas sobre la legalidad del proyecto generan controversia en torno a la esposa del presidente Sánchez.
Publicado: 8 de enero de 2026, 12:54
En las últimas semanas, la atención se ha centrado en Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, por su participación en reuniones relacionadas con el desarrollo de un software para la cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Este aspecto ha cobrado relevancia debido a la investigación que lleva a cabo el juez Juan Carlos Peinado, en la que se abordan cuestiones sobre la posible apropiación indebida y el intrusismo profesional en relación con la gestión de esta cátedra.
Las reuniones en las que participó Álvarez se llevaron a cabo entre abril de 2022 y febrero de 2024, con un total de 22 encuentros documentados. De acuerdo con la información divulgada, Álvarez asistió a tres de esas reuniones, donde se presentaron aspectos técnicos del software en desarrollo, generando cuestionamientos sobre su rol y las implicaciones legales asociadas. Durante las reuniones, la participación de Álvarez era mínima, disminuyendo así su perfil ante la consultora Deloitte, que también ha sido objeto de interés en la investigación.
La situación genera preguntas sobre la gestión de fondos públicos y la utilización de asesores en tareas que parecen no estar directamente alineadas con sus responsabilidades oficiales. En este contexto, el juez Peinado ha solicitado información exhaustiva a Deloitte sobre sus contratos y servicios prestados relacionados con esta cátedra. Los más de 75,000 euros en facturas que suman los trabajos realizados subrayan la seriedad del asunto y la necesidad de esclarecer las circunstancias en torno a la implicación de Begoña Gómez y su equipo.
Las reuniones en las que participó Álvarez se llevaron a cabo entre abril de 2022 y febrero de 2024, con un total de 22 encuentros documentados. De acuerdo con la información divulgada, Álvarez asistió a tres de esas reuniones, donde se presentaron aspectos técnicos del software en desarrollo, generando cuestionamientos sobre su rol y las implicaciones legales asociadas. Durante las reuniones, la participación de Álvarez era mínima, disminuyendo así su perfil ante la consultora Deloitte, que también ha sido objeto de interés en la investigación.
La situación genera preguntas sobre la gestión de fondos públicos y la utilización de asesores en tareas que parecen no estar directamente alineadas con sus responsabilidades oficiales. En este contexto, el juez Peinado ha solicitado información exhaustiva a Deloitte sobre sus contratos y servicios prestados relacionados con esta cátedra. Los más de 75,000 euros en facturas que suman los trabajos realizados subrayan la seriedad del asunto y la necesidad de esclarecer las circunstancias en torno a la implicación de Begoña Gómez y su equipo.