Progresista 82.86%Conservador 17.14%
Crisis en el sistema de pulseras antimaltrato: fallos técnicos generan incertidumbre en la protección de víctimas de violencia de género
La Fiscalía y el Ministerio de Igualdad se enfrentan a críticas tras reconhecer debilidades en el control de agresores.
Publicado: 19 de septiembre de 2025, 06:46
Recientemente, el sistema de pulseras antimaltrato que tiene como objetivo proteger a las víctimas de violencia de género ha enfrentado una crisis por fallos técnicos que han puesto en entredicho su eficacia. Desde 2009, estas pulseras han sido clave para supervisar a agresores bajo órdenes de alejamiento, siendo un recurso vital para la salvaguarda de quienes han denunciado abusos. Sin embargo, los problemas surgidos en 2024, debido a una transición fallida entre empresas encargadas de la gestión de estos dispositivos, han exacerbado la crisis.
La Fiscalía General del Estado admitió que los fallos en las pulseras provocaron la absolución de algunos acusados por violencia de género, destacando que este fallo se debió a una incapacidad temporal de acceder a los datos necesarios para corroborar violaciones de medidas cautelares. Esta admisión contrasta con afirmaciones de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien minimizó el impacto, argumentando que las absoluciones no superan el 1% de los casos. Sin embargo, según la memoria del 2024, se subraya que hubo un "gran número" de sobreseimientos. La falta de cifras concretas por parte de ambas instituciones ha generado críticas por su falta de transparencia.
El sistema Cometa, encargado de gestionar y monitorizar las pulseras, ha sido objeto de escrutinio por su ineficiencia en la transición entre Telefónica a Vodafone y Securitas. Expertos y técnicos han denunciado que estos dispositivos, que deberían ofrecer un control constante sobre los agresores, a menudo no funcionan adecuadamente, aportando un riesgo significativo para las mujeres a las que intentan proteger. En declaraciones recientes, se ha apuntado que esas fallas técnicas se produjeron entre junio y diciembre de 2024, lo que limitó la capacidad de proporcionar datos requieren por los juzgados en un período crítico.
La polémica ha escalado, y se ha recordado que la delegada del Gobierno contra la violencia de género ha señalizado que no se recibió ningún aviso formal del Poder Judicial sobre el riesgo asociado al cambio de contrato de las pulseras, lo que añade capas a la controversia. Además, la ministra Redondo ha insistido en que los dispositivos nunca dejaron de funcionar y que se han revertido los problemas reportados, a pesar de la falta de claridad en los números de casos afectados.
Por otro lado, el Partido Popular ha exigido responsabilidades al Gobierno, señalando que el fallo en las pulseras y los problemas asociados han puesto en riesgo la seguridad de las mujeres maltratadas. Los defensores de las víctimas y los críticos del sistema han expresado creciente necesidad de una mayor transparencia y efectividad en el monitoreo de los agresores, advirtiendo que cualquier brecha en la vigilancia puede tener consecuencias fatales para las víctimas de violencia de género.
La Fiscalía General del Estado admitió que los fallos en las pulseras provocaron la absolución de algunos acusados por violencia de género, destacando que este fallo se debió a una incapacidad temporal de acceder a los datos necesarios para corroborar violaciones de medidas cautelares. Esta admisión contrasta con afirmaciones de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien minimizó el impacto, argumentando que las absoluciones no superan el 1% de los casos. Sin embargo, según la memoria del 2024, se subraya que hubo un "gran número" de sobreseimientos. La falta de cifras concretas por parte de ambas instituciones ha generado críticas por su falta de transparencia.
El sistema Cometa, encargado de gestionar y monitorizar las pulseras, ha sido objeto de escrutinio por su ineficiencia en la transición entre Telefónica a Vodafone y Securitas. Expertos y técnicos han denunciado que estos dispositivos, que deberían ofrecer un control constante sobre los agresores, a menudo no funcionan adecuadamente, aportando un riesgo significativo para las mujeres a las que intentan proteger. En declaraciones recientes, se ha apuntado que esas fallas técnicas se produjeron entre junio y diciembre de 2024, lo que limitó la capacidad de proporcionar datos requieren por los juzgados en un período crítico.
La polémica ha escalado, y se ha recordado que la delegada del Gobierno contra la violencia de género ha señalizado que no se recibió ningún aviso formal del Poder Judicial sobre el riesgo asociado al cambio de contrato de las pulseras, lo que añade capas a la controversia. Además, la ministra Redondo ha insistido en que los dispositivos nunca dejaron de funcionar y que se han revertido los problemas reportados, a pesar de la falta de claridad en los números de casos afectados.
Por otro lado, el Partido Popular ha exigido responsabilidades al Gobierno, señalando que el fallo en las pulseras y los problemas asociados han puesto en riesgo la seguridad de las mujeres maltratadas. Los defensores de las víctimas y los críticos del sistema han expresado creciente necesidad de una mayor transparencia y efectividad en el monitoreo de los agresores, advirtiendo que cualquier brecha en la vigilancia puede tener consecuencias fatales para las víctimas de violencia de género.