Controversia en torno a la compra de munición a Israel pone en jaque al Gobierno español

El Gobierno español se encuentra en una difícil encrucijada tras rescindir un contrato para la compra de 15,3 millones de balas de calibre 9 milímetros a una empresa israelí, IMI Systems, por un total de 6,6 millones de euros. Esta decisión, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, fue tomada ante la presión interna del partido Sumar, quien optó por cancelar el acuerdo formalizado días antes. A pesar de las dudas expresadas por el ministro del Interior sobre las implicaciones económicas, el Ministerio de Defensa ha considerado continuar con otros contratos de compra a empresas israelíes, lo que ha suscitado tanto críticas políticas como de organizaciones de derechos humanos.

Según un informe de la organización Centre Delàs de Estudios por la Paz, España ha adjudicado hasta 46 contratos, sumando más de 1.000 millones de euros a la industria militar israelí desde el inicio de la guerra en Gaza, contradiciendo la promesa del Gobierno de suspender todas las compras de armamento a Israel. La anulación del contrato ha generado tensiones diplomáticas entre España e Israel, donde el Gobierno israelí ha rechazado la decisión, alegando que se sacrificarían intereses de seguridad por motivos políticos.

La controversia ha dejado al descubierto no solo un tema legal, sino también las diferencias en la política exterior del Gobierno español y compromisos éticos relacionados con el conflicto en Palestina, reflejando la cronicidad de las relaciones comerciales entre ambos países.