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Controversia en Martorell por la prohibición de llenar garrafas de agua en fuentes públicas genera rechazo y propuestas en el Parlament
La medida, justificada por el alcalde para combatir la okupación, ha desatado críticas y reacciones de plataformas sociales y partidos políticos.
Publicado: 18 de noviembre de 2025, 21:30
La reciente modificación de la normativa municipal en Martorell ha generado una intensa polémica y reacciones tanto de ciudadanos como de partidos políticos. La medida, aprobada por el gobierno de coalición de Junts y el PSC, prohíbe llenar garrafas, botellas o cualquier recipiente con agua de las fuentes públicas, sancionando a quienes lo hagan con multas que pueden alcanzar hasta los 750 euros. Esta decisión fue justificada por el alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, quien argumentó que busca "hacer la vida más difícil a los okupas" presentes en la ciudad.
El alcalde señaló que, aunque se prohíbe acumular agua, los ciudadanos aún podrán beber de los surtidores públicos. Esta normativa ha suscitado el descontento de la plataforma vecinal "Aliança per a l'accés a l'aigua", que ha iniciado una campaña de recolección de firmas en contra de esta medida. La plataforma denuncia que esta prohibición es injusta y afecta a las personas más vulnerables, esgrimiendo que el acceso al agua debe ser considerado un derecho humano fundamental.
Las críticas a la normativa no solo provienen de la ciudadanía, sino también del ámbito político. La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, declaró que no pueden valorar las acciones de los ayuntamientos mientras se ajusten al marco normativo. Sin embargo, los grupos de la oposición en el Parlament, como la CUP y los Comuns, han solicitado que se inste al Govern a frenar esta medida, acusándola de ser clasista y autoritaria. La CUP está considerando llevar el caso ante la justicia y plantea la colaboración con entidades sociales para abordar la problemática de acceso al agua.
El alcalde señaló que, aunque se prohíbe acumular agua, los ciudadanos aún podrán beber de los surtidores públicos. Esta normativa ha suscitado el descontento de la plataforma vecinal "Aliança per a l'accés a l'aigua", que ha iniciado una campaña de recolección de firmas en contra de esta medida. La plataforma denuncia que esta prohibición es injusta y afecta a las personas más vulnerables, esgrimiendo que el acceso al agua debe ser considerado un derecho humano fundamental.
Las críticas a la normativa no solo provienen de la ciudadanía, sino también del ámbito político. La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, declaró que no pueden valorar las acciones de los ayuntamientos mientras se ajusten al marco normativo. Sin embargo, los grupos de la oposición en el Parlament, como la CUP y los Comuns, han solicitado que se inste al Govern a frenar esta medida, acusándola de ser clasista y autoritaria. La CUP está considerando llevar el caso ante la justicia y plantea la colaboración con entidades sociales para abordar la problemática de acceso al agua.