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Controversia en A Illa de Arousa por la posible compra de la mansión de Marcial Dorado para un centro social intergeneracional
El grupo popular critica la intención del Concello, que propone convertir la vivienda en un espacio comunitario para mayores y jóvenes.
Publicado: 8 de enero de 2026, 12:59
En A Illa de Arousa, la posibilidad de que el Concello adquiera la mansión del narcotraficante Marcial Dorado ha desatado un intenso debate político. La casa, que actualmente sigue residiendo Dorado, ha sido objeto de interés por parte del alcalde, Luis Arosa, quien ha planteado la idea de transformarla en un centro social intergeneracional. La propuesta se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio del Concello para recuperar propiedades vinculadas al narcotráfico, buscando poder ofrecer un lugar donde los mayores y los jóvenes puedan interactuar y beneficiarse mutuamente.
El Concello ya ha adquirido dos parcelas que pertenecen a Dorado, con planes para construir viviendas de iniciativa pública y crear un parque forestal. Sin embargo, la propuesta ha encontrado resistencia por parte del Partido Popular (PP), que considera este intento como un “capricho” poco adecuado en tiempos de restricciones financieras. Desde el PSOE y el BNG, se defienden la iniciativa como un acto de justicia social, argumentando que la transformación del legado del narcotraficante en un bien social es un paso significativo.
La presión política en torno a esta situación apunta a la necesidad de que el Concello ejerza su derecho a la compra antes de que la propiedad salga a subasta pública, abriendo la puerta a la posible privatización. El debate refleja las diferencias políticas locales y la complejidad del legado del narcotráfico en Galicia, así como la lucha por transformar ese legado en oportunidades para el futuro.
El Concello ya ha adquirido dos parcelas que pertenecen a Dorado, con planes para construir viviendas de iniciativa pública y crear un parque forestal. Sin embargo, la propuesta ha encontrado resistencia por parte del Partido Popular (PP), que considera este intento como un “capricho” poco adecuado en tiempos de restricciones financieras. Desde el PSOE y el BNG, se defienden la iniciativa como un acto de justicia social, argumentando que la transformación del legado del narcotraficante en un bien social es un paso significativo.
La presión política en torno a esta situación apunta a la necesidad de que el Concello ejerza su derecho a la compra antes de que la propiedad salga a subasta pública, abriendo la puerta a la posible privatización. El debate refleja las diferencias políticas locales y la complejidad del legado del narcotráfico en Galicia, así como la lucha por transformar ese legado en oportunidades para el futuro.