EconomíaContrastada con 8 fuentes
Progresista 54.1%Conservador 45.9%
Consumo expedienta a una empresa de autobuses por precios y cancelaciones
La compañía, cuyo nombre no ha trascendido, podría ocultar gastos de gestión hasta el final de la compra y retenerlos al anularse un viaje.
Publicado: 7 de noviembre de 2026, 07:45 · actualizado: 7 de noviembre de 2026, 15:57
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una empresa de autobuses por posibles prácticas comerciales desleales en la presentación de los precios de sus billetes y por cláusulas que podrían ser abusivas en las cancelaciones. El departamento ha informado del expediente este sábado y no ha revelado el nombre de la empresa.
La Dirección General de Consumo ha detectado indicios de que la compañía no mostraría el precio final completo, incluidos los gastos de gestión, hasta la última fase de la contratación por internet, cuando el cliente ya ha introducido sus datos y avanzado en la compra. Esta práctica, conocida como «precio por goteo» o drip pricing, dificulta la comparación de tarifas con otras empresas y la elección del consumidor.
La Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada el año pasado e impulsada por el propio Ministerio de Consumo, modificó el artículo 20.1 c) de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para exigir que los gastos de gestión se incluyan en el precio final desde el inicio de la comunicación comercial. De acreditarse, la conducta investigada podría constituir una infracción por publicidad engañosa, considerada una práctica comercial desleal, y acarrear una multa de hasta 100.000 euros o de entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
El departamento dirigido por Pablo Bustinduy también investiga si la empresa deja de devolver los gastos de gestión cuando un cliente cancela su viaje. Las cláusulas con las que justificaría esa retención podrían ser abusivas, según los artículos 83 y 87 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Por la introducción o existencia de cláusulas abusivas en los contratos, la norma prevé multas de hasta un millón de euros o de entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
Es el segundo expediente sancionador que Consumo abre este año por posibles irregularidades en la presentación de precios. El pasado verano inició otro procedimiento contra una compañía que comercializa billetes de avión, tren, ferri y autobús por no indicar el precio final desde el comienzo de la contratación.
La Dirección General de Consumo recuerda que la apertura del expediente no prejuzga el resultado del procedimiento.
La Dirección General de Consumo ha detectado indicios de que la compañía no mostraría el precio final completo, incluidos los gastos de gestión, hasta la última fase de la contratación por internet, cuando el cliente ya ha introducido sus datos y avanzado en la compra. Esta práctica, conocida como «precio por goteo» o drip pricing, dificulta la comparación de tarifas con otras empresas y la elección del consumidor.
La Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada el año pasado e impulsada por el propio Ministerio de Consumo, modificó el artículo 20.1 c) de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para exigir que los gastos de gestión se incluyan en el precio final desde el inicio de la comunicación comercial. De acreditarse, la conducta investigada podría constituir una infracción por publicidad engañosa, considerada una práctica comercial desleal, y acarrear una multa de hasta 100.000 euros o de entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
El departamento dirigido por Pablo Bustinduy también investiga si la empresa deja de devolver los gastos de gestión cuando un cliente cancela su viaje. Las cláusulas con las que justificaría esa retención podrían ser abusivas, según los artículos 83 y 87 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Por la introducción o existencia de cláusulas abusivas en los contratos, la norma prevé multas de hasta un millón de euros o de entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
Es el segundo expediente sancionador que Consumo abre este año por posibles irregularidades en la presentación de precios. El pasado verano inició otro procedimiento contra una compañía que comercializa billetes de avión, tren, ferri y autobús por no indicar el precio final desde el comienzo de la contratación.
La Dirección General de Consumo recuerda que la apertura del expediente no prejuzga el resultado del procedimiento.