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Consumo estima un ahorro de 4.341 euros por hogar con la prórroga del alquiler
La Diputación Permanente vota este jueves dos decretos de vivienda tras la huelga general y antes del inicio de la campaña electoral.
Publicado: 12 de noviembre de 2026, 07:47
El Ministerio de Consumo calcula que la prórroga de dos años de los contratos de alquiler de vivienda habitual supondría un ahorro mediano de 4.341 euros por hogar durante ese periodo. La medida, que ya está en vigor, podría beneficiar a unos 4,9 millones de personas y afectar a 1.895.676 contratos, según las estimaciones del departamento.
La prórroga figura en uno de los dos decretos de vivienda que la Diputación Permanente del Congreso vota este jueves. Es el que cuenta con opciones de ser convalidado, mientras que el segundo, relativo a la renovación automática de los alquileres, tiene menos posibilidades de prosperar. La votación llega un día después de la huelga general y antes del inicio de la campaña para las elecciones del 29 de noviembre.
Los textos recogen esencialmente las medidas que el pleno rechazó a finales de septiembre, después del desahucio de Maricarmen. Aquel rechazo precipitó el adelanto electoral e impulsó, junto con el desahucio, la convocatoria de la huelga.
El decreto que incluye la prórroga extraordinaria, el Real Decreto-ley 29/2026, permite solicitarla para contratos cuya duración o prórroga habitual termine hasta el 31 de diciembre de 2028, manteniendo las condiciones pactadas. También contempla la suspensión de los desahucios de personas sin alternativa habitacional y la prohibición de compra de vivienda por fondos buitre y grandes tenedores hasta 2030.
Además, limita la actualización de las rentas hasta el 31 de diciembre: si el alquiler supera el límite máximo del índice de referencia, no podrá actualizarse; si no lo supera, la subida máxima será del 2 %.
El segundo texto, el Real Decreto-ley 28/2026, plantea prórrogas automáticas sucesivas de cinco años, o siete si el arrendador es una persona jurídica, y compensaciones al inquilino cuando el propietario quiera recuperar la vivienda sin una causa justificada. El propietario quedaría exento de pagar la indemnización si necesita la vivienda para sí mismo, su cónyuge o un familiar de hasta segundo grado.
Este segundo decreto prevé su entrada en vigor el 15 de noviembre, por lo que, si no se convalida, no habrá llegado a producir efectos. En cambio, el de la prórroga de dos años está vigente desde el 8 de octubre. El Gobierno ha advertido de que una eventual falta de convalidación no anularía los efectos producidos durante su vigencia. Juristas consultadas señalan que podrían surgir controversias sobre cuándo se consolida el derecho a la prórroga y que habría que examinar cada contrato.
Para calcular el ahorro, Consumo ha utilizado una microsimulación basada en el Panel de Hogares del IRPF del Instituto de Estudios Fiscales y la Agencia Tributaria, con datos hasta 2023 de alquileres declarados por arrendadores particulares en territorio fiscal común. Compara la renta del contrato prorrogado, con sus actualizaciones y topes legales, con la de uno nuevo estimada a partir de los precios de oferta de Idealista en cada provincia. El cálculo supone que todos los inquilinos con derecho solicitan la prórroga, por lo que el ahorro no está garantizado para cada hogar.
En las zonas de mercado residencial tensionado, la estimación no contempla una subida de la renta en los nuevos contratos, ya que no puede superar la del anterior. Para calcular la población beneficiada, el Ministerio emplea el tamaño medio de los hogares de alquiler a precio de mercado por comunidad autónoma, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 del INE; la media nacional es de 2,59 personas.
Por territorios, el ahorro mediano estimado alcanza los 10.625 euros por hogar en Málaga, los 10.090 en Baleares y los 9.152 en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad Valenciana es de 8.436 euros en Valencia, 7.186 en Alicante y 3.890 en Castellón. En Canarias se calcula en 7.596 euros en Santa Cruz de Tenerife y 4.128 en Las Palmas.
En Andalucía, además de Málaga, las estimaciones son de 4.137 euros en Cádiz, 3.295 en Huelva, 3.055 en Sevilla, 2.897 en Almería, 2.290 en Granada y 2.044 en Córdoba. En Galicia, la cifra llega a 3.455 euros en Lugo, 3.291 en Ourense, 2.566 en Pontevedra y 1.760 en A Coruña; Consumo advierte de que en esta última provincia la aplicación de la ley de vivienda en ciudades como A Coruña y Santiago puede distorsionar el cálculo.
Las estimaciones incluyen también 4.110 euros en Zaragoza y 1.811 en Huesca; 6.220 en Guadalajara, 5.292 en Toledo, 3.457 en Ciudad Real y 2.987 en Albacete; y 6.257 en Segovia, 3.745 en Valladolid, 2.585 en Salamanca y 2.551 en Palencia. En Extremadura se sitúan en 3.464 euros en Cáceres y 2.479 en Badajoz. Las cifras para Asturias, Cantabria, La Rioja y Murcia son, respectivamente, de 3.997, 3.836, 3.218 y 2.945 euros por hogar.
El Ministerio no ha realizado una estimación económica para Cataluña porque buena parte de su territorio está declarado zona de mercado residencial tensionado.
La prórroga figura en uno de los dos decretos de vivienda que la Diputación Permanente del Congreso vota este jueves. Es el que cuenta con opciones de ser convalidado, mientras que el segundo, relativo a la renovación automática de los alquileres, tiene menos posibilidades de prosperar. La votación llega un día después de la huelga general y antes del inicio de la campaña para las elecciones del 29 de noviembre.
Los textos recogen esencialmente las medidas que el pleno rechazó a finales de septiembre, después del desahucio de Maricarmen. Aquel rechazo precipitó el adelanto electoral e impulsó, junto con el desahucio, la convocatoria de la huelga.
El decreto que incluye la prórroga extraordinaria, el Real Decreto-ley 29/2026, permite solicitarla para contratos cuya duración o prórroga habitual termine hasta el 31 de diciembre de 2028, manteniendo las condiciones pactadas. También contempla la suspensión de los desahucios de personas sin alternativa habitacional y la prohibición de compra de vivienda por fondos buitre y grandes tenedores hasta 2030.
Además, limita la actualización de las rentas hasta el 31 de diciembre: si el alquiler supera el límite máximo del índice de referencia, no podrá actualizarse; si no lo supera, la subida máxima será del 2 %.
El segundo texto, el Real Decreto-ley 28/2026, plantea prórrogas automáticas sucesivas de cinco años, o siete si el arrendador es una persona jurídica, y compensaciones al inquilino cuando el propietario quiera recuperar la vivienda sin una causa justificada. El propietario quedaría exento de pagar la indemnización si necesita la vivienda para sí mismo, su cónyuge o un familiar de hasta segundo grado.
Este segundo decreto prevé su entrada en vigor el 15 de noviembre, por lo que, si no se convalida, no habrá llegado a producir efectos. En cambio, el de la prórroga de dos años está vigente desde el 8 de octubre. El Gobierno ha advertido de que una eventual falta de convalidación no anularía los efectos producidos durante su vigencia. Juristas consultadas señalan que podrían surgir controversias sobre cuándo se consolida el derecho a la prórroga y que habría que examinar cada contrato.
Para calcular el ahorro, Consumo ha utilizado una microsimulación basada en el Panel de Hogares del IRPF del Instituto de Estudios Fiscales y la Agencia Tributaria, con datos hasta 2023 de alquileres declarados por arrendadores particulares en territorio fiscal común. Compara la renta del contrato prorrogado, con sus actualizaciones y topes legales, con la de uno nuevo estimada a partir de los precios de oferta de Idealista en cada provincia. El cálculo supone que todos los inquilinos con derecho solicitan la prórroga, por lo que el ahorro no está garantizado para cada hogar.
En las zonas de mercado residencial tensionado, la estimación no contempla una subida de la renta en los nuevos contratos, ya que no puede superar la del anterior. Para calcular la población beneficiada, el Ministerio emplea el tamaño medio de los hogares de alquiler a precio de mercado por comunidad autónoma, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 del INE; la media nacional es de 2,59 personas.
Por territorios, el ahorro mediano estimado alcanza los 10.625 euros por hogar en Málaga, los 10.090 en Baleares y los 9.152 en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad Valenciana es de 8.436 euros en Valencia, 7.186 en Alicante y 3.890 en Castellón. En Canarias se calcula en 7.596 euros en Santa Cruz de Tenerife y 4.128 en Las Palmas.
En Andalucía, además de Málaga, las estimaciones son de 4.137 euros en Cádiz, 3.295 en Huelva, 3.055 en Sevilla, 2.897 en Almería, 2.290 en Granada y 2.044 en Córdoba. En Galicia, la cifra llega a 3.455 euros en Lugo, 3.291 en Ourense, 2.566 en Pontevedra y 1.760 en A Coruña; Consumo advierte de que en esta última provincia la aplicación de la ley de vivienda en ciudades como A Coruña y Santiago puede distorsionar el cálculo.
Las estimaciones incluyen también 4.110 euros en Zaragoza y 1.811 en Huesca; 6.220 en Guadalajara, 5.292 en Toledo, 3.457 en Ciudad Real y 2.987 en Albacete; y 6.257 en Segovia, 3.745 en Valladolid, 2.585 en Salamanca y 2.551 en Palencia. En Extremadura se sitúan en 3.464 euros en Cáceres y 2.479 en Badajoz. Las cifras para Asturias, Cantabria, La Rioja y Murcia son, respectivamente, de 3.997, 3.836, 3.218 y 2.945 euros por hogar.
El Ministerio no ha realizado una estimación económica para Cataluña porque buena parte de su territorio está declarado zona de mercado residencial tensionado.