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Conflicto entre el juez Puente y el Congreso sobre la situación de Ábalos genera controversia y críticas políticas
La sugerencia del magistrado de reformar la ley para impedir que el exministro siga siendo diputado provoca reacciones encontradas en la Cámara.
Publicado: 16 de octubre de 2025, 20:01
El enfrentamiento entre el juez Leopoldo Puente y el Congreso de los Diputados escaló tras el auto que mantiene al exministro José Luis Ábalos en libertad, en el que el magistrado expresó su preocupación por la permanencia de Ábalos como diputado. Esta situación generó malestar en la Cámara Baja, que defendió la separación de poderes y respondió al juez enfatizando que los jueces no deberían opinar sobre las leyes. En su coda final, el juez sugirió una reforma y la presidencia del Congreso recordó que eso no es competencia del Poder Judicial.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también reaccionaron a la situación, manifestando preocupaciones sobre la inviolabilidad de los diputados. El debate sobre si los parlamentarios imputados deben mantener sus cargos se intensificó, reflejando ciertas diferencias entre partidos, mientras que algunos, como Compromís, consideran inaceptable dicha permanencia.
El Gobierno ha acusado al juez Puente de no respetar la separación de poderes, indicando que, si bien muchos socios del Gobierno creen que Ábalos no debería ser diputado, consideran que la propuesta de reforma del juez es inapropiada. Esta polémica surge después de que Puente sugiriera la necesidad de un mecanismo legislativo que impidiese que un imputado como Ábalos mantuviera su escaño hasta una condena, algo que no ha generado consenso entre las distintas formaciones parlamentarias.
Desde el Partido Popular, Feijóo también ha expresado su "estupor" ante la situación de Ábalos, aunque ha reconocido que el PP no tiene un plan concreto para reformar el Reglamento del Congreso en este ámbito. El vicepresidente segundo del Congreso, Alfonso Gómez de Celis, además, apuntó que no existe una intención de reforma del Reglamento, sugiriendo que el juez "se presente a unas elecciones" si desea proponer cambios legislativos.
El caso de Ábalos subraya las interacciones entre el poder judicial y el legislativo en España, poniendo en relieve la necesidad de redefinir límites entre estas instancias en un contexto donde las acusaciones delictivas sobre miembros del gobierno generan polarización política. Esta situación también ha llevado a que formaciones como Sumar insten a la renuncia de Ábalos, aunque bajo el respeto a la presunción de inocencia y los principios constitucionales.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también reaccionaron a la situación, manifestando preocupaciones sobre la inviolabilidad de los diputados. El debate sobre si los parlamentarios imputados deben mantener sus cargos se intensificó, reflejando ciertas diferencias entre partidos, mientras que algunos, como Compromís, consideran inaceptable dicha permanencia.
El Gobierno ha acusado al juez Puente de no respetar la separación de poderes, indicando que, si bien muchos socios del Gobierno creen que Ábalos no debería ser diputado, consideran que la propuesta de reforma del juez es inapropiada. Esta polémica surge después de que Puente sugiriera la necesidad de un mecanismo legislativo que impidiese que un imputado como Ábalos mantuviera su escaño hasta una condena, algo que no ha generado consenso entre las distintas formaciones parlamentarias.
Desde el Partido Popular, Feijóo también ha expresado su "estupor" ante la situación de Ábalos, aunque ha reconocido que el PP no tiene un plan concreto para reformar el Reglamento del Congreso en este ámbito. El vicepresidente segundo del Congreso, Alfonso Gómez de Celis, además, apuntó que no existe una intención de reforma del Reglamento, sugiriendo que el juez "se presente a unas elecciones" si desea proponer cambios legislativos.
El caso de Ábalos subraya las interacciones entre el poder judicial y el legislativo en España, poniendo en relieve la necesidad de redefinir límites entre estas instancias en un contexto donde las acusaciones delictivas sobre miembros del gobierno generan polarización política. Esta situación también ha llevado a que formaciones como Sumar insten a la renuncia de Ábalos, aunque bajo el respeto a la presunción de inocencia y los principios constitucionales.