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Confirmación de fianza de 75.000 euros al fiscal general en juicio por revelación de secretos
El Tribunal Supremo desestima el recurso de la Abogacía del Estado y reafirma la fianza impuesta a Álvaro García Ortiz.
Publicado: 27 de octubre de 2025, 19:50
El Tribunal Supremo ha confirmado la fianza de 75.000 euros impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a pocos días del inicio del juicio en su contra por un presunto delito de revelación de secretos. Esta decisión del alto tribunal llega en respuesta a un recurso interpuesto por la Abogacía del Estado, que argumentó que García Ortiz debía estar exento de prestar fianza debido a su condición como funcionario público. Sin embargo, la Sala de lo Penal ha desestimado esta alegación, afirmando que los funcionarios y autoridades pueden tener responsabilidad civil directa.
La fianza había sido establecida inicialmente en 150.000 euros, pero fue reducida tras darse cuenta de que la primera cifra incluía multas no consideradas en esta fase. La acusación proviene de la filtración de un correo electrónico que afectaba a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo que ha ocasionado daños y ha llevado a solicitar una indemnización.
El juicio comenzará el 3 de noviembre y está programado para durar seis sesiones, con la expectación de que declaren alrededor de 40 testigos. Los abogados de García Ortiz defienden su inocencia, argumentando que la filtración no fue deliberada, mientras que la acusación presentará evidencia para respaldar su caso, centrándose en temas de ética y responsabilidad en las altas esferas del poder.
En otros desarrollos relacionados, el juez Leopoldo Puente ha rechazado solicitudes de libertad presentadas por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, vinculado al caso de corrupción que también salpica a figuras como José Luis Ábalos. Puente ha afirmado que no existe un agravio comparativo con respecto a la situación de otros investigados y que las medidas cautelares para Cerdán son necesarias debido al riesgo de destrucción de pruebas. Estas resoluciones reflejan un ángulo adicional de la tensión entre la justicia y figuras de alto perfil político en España, haciendo eco de la complejidad del entramado judicial que se desarrolla en torno a la revelación de secretos y la corrupción política. Con lo que se zanja la perspectiva de un caso que ha captado la atención pública y mediática debido a sus implicaciones en la integridad del sistema judicial y en la política española.
La fianza había sido establecida inicialmente en 150.000 euros, pero fue reducida tras darse cuenta de que la primera cifra incluía multas no consideradas en esta fase. La acusación proviene de la filtración de un correo electrónico que afectaba a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo que ha ocasionado daños y ha llevado a solicitar una indemnización.
El juicio comenzará el 3 de noviembre y está programado para durar seis sesiones, con la expectación de que declaren alrededor de 40 testigos. Los abogados de García Ortiz defienden su inocencia, argumentando que la filtración no fue deliberada, mientras que la acusación presentará evidencia para respaldar su caso, centrándose en temas de ética y responsabilidad en las altas esferas del poder.
En otros desarrollos relacionados, el juez Leopoldo Puente ha rechazado solicitudes de libertad presentadas por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, vinculado al caso de corrupción que también salpica a figuras como José Luis Ábalos. Puente ha afirmado que no existe un agravio comparativo con respecto a la situación de otros investigados y que las medidas cautelares para Cerdán son necesarias debido al riesgo de destrucción de pruebas. Estas resoluciones reflejan un ángulo adicional de la tensión entre la justicia y figuras de alto perfil político en España, haciendo eco de la complejidad del entramado judicial que se desarrolla en torno a la revelación de secretos y la corrupción política. Con lo que se zanja la perspectiva de un caso que ha captado la atención pública y mediática debido a sus implicaciones en la integridad del sistema judicial y en la política española.