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Condenan a un excoronel colombiano a 20 años de prisión por 'falsos positivos' en crímenes de guerra
Publio Hernán Mejía, excomandante del Ejército, recibió una sanción por 72 asesinatos y desapariciones forzadas de civiles que hizo pasar como bajas de guerrilleros.
Publicado: 11 de enero de 2026, 02:51
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha condenado al coronel retirado Publio Hernán Mejía a 20 años de prisión por su implicación en crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluidos 72 asesinatos y desapariciones forzadas de civiles, quienes fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. Este fallo, emitido el 19 de diciembre de 2025, representa un hito en el proceso judicial colombiano, ya que es la primera vez que un alto mando del Ejército recibe tal condena por la JEP.
La JEP destaca la gravedad del caso, señalando que los 'falsos positivos' son uno de los episodios más oscuros del conflicto armado en Colombia. La condena se impone debido a la negativa de Mejía a aceptar su responsabilidad en los crímenes, lo que le llevó a ser sometido a un juicio ordinario. Además, la JEP ha dictado órdenes adicionales que restringen los beneficios judiciales, reflejando la compleja interacción entre militares y grupos paramilitares.
Este caso no solo representa un avance en la justicia transicional, sino que también es un recordatorio de la necesidad de enfrentar el legado de violencia y violaciones de derechos humanos en el país, siendo un tema crítico para las organizaciones de víctimas que buscan justicia y reconocimiento de los crímenes sucedidos durante el conflicto.
La JEP destaca la gravedad del caso, señalando que los 'falsos positivos' son uno de los episodios más oscuros del conflicto armado en Colombia. La condena se impone debido a la negativa de Mejía a aceptar su responsabilidad en los crímenes, lo que le llevó a ser sometido a un juicio ordinario. Además, la JEP ha dictado órdenes adicionales que restringen los beneficios judiciales, reflejando la compleja interacción entre militares y grupos paramilitares.
Este caso no solo representa un avance en la justicia transicional, sino que también es un recordatorio de la necesidad de enfrentar el legado de violencia y violaciones de derechos humanos en el país, siendo un tema crítico para las organizaciones de víctimas que buscan justicia y reconocimiento de los crímenes sucedidos durante el conflicto.