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Condena a Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria genera reacciones políticas en Colombia
La decisión judicial, en el marco de un largo proceso, desató debates sobre responsabilidad y justicia en el país.
Publicado: 2 de agosto de 2025, 11:49
El exmandatario colombiano Álvaro Uribe fue condenado esta semana a 12 años de prisión domiciliaria por delitos de fraude procesal y soborno, marcando un hito en la historia política de Colombia al ser el primer expresidente en recibir una sentencia de este tipo. La juez Sandra Heredia dictó la condena, que además incluye una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos y una inhabilitación para ocupar cargos públicos por más de ocho años. La decisión judicial ha suscitado reacciones intensas en el ámbito político.
El proceso judicial contra Uribe se inició en 2012, tras una denuncia que él mismo presentó contra el senador Iván Cepeda. A medida que avanzaba el proceso, las investigaciones se centraron en si Uribe había intentado manipular testigos para favorecer su defensa. A raíz de la sentencia, el presidente Gustavo Petro declaró que Uribe es el responsable de su situación legal, argumentando que fue el propio exmandatario quien 'construyó la estrategia' que lo llevó a esa condena.
Álvaro Uribe se convirtió en el primer expresidente de Colombia en ser condenado penalmente, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Esta condena se basa en la participación de Uribe en un esquema de compra de testimonios falsos para desacreditar a su opositor, el senador Iván Cepeda. Trece años y 67 audiencias después, la jueza absolvió a Uribe del delito de soborno simple, pero lo condenó por soborno en actuación penal y por fraude procesal. Según el fallo, Uribe utilizó a su abogado, Diego Cadena, para sobornar a testigos y tratar de manipular el proceso judicial en su favor. Además, se determinó que Uribe indujo la presentación de documentos falsos ante la Corte para desacreditar las denuncias que lo vinculaban con grupos paramilitares.
Las reacciones a la sentencia han sido mixtas. Mientras algunos celebran la decisión como un paso hacia la justicia, otros critican la pena emitida y expresan su apoyo a Uribe, señalando que la sentencia está politizada. A pesar de su condena, la lealtad de los seguidores de Uribe permanece sólida, y muchos interpretan su situación como un ataque político coordinado por el actual gobierno. Uribe, por su parte, sostiene que "no hay ninguna prueba" que sustente su condena, y ha argumentado que la decisión está motivada por razones políticas y denuncia la filtración prematura de la sentencia a los medios de comunicación.
El proceso judicial contra Uribe se inició en 2012, tras una denuncia que él mismo presentó contra el senador Iván Cepeda. A medida que avanzaba el proceso, las investigaciones se centraron en si Uribe había intentado manipular testigos para favorecer su defensa. A raíz de la sentencia, el presidente Gustavo Petro declaró que Uribe es el responsable de su situación legal, argumentando que fue el propio exmandatario quien 'construyó la estrategia' que lo llevó a esa condena.
Álvaro Uribe se convirtió en el primer expresidente de Colombia en ser condenado penalmente, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Esta condena se basa en la participación de Uribe en un esquema de compra de testimonios falsos para desacreditar a su opositor, el senador Iván Cepeda. Trece años y 67 audiencias después, la jueza absolvió a Uribe del delito de soborno simple, pero lo condenó por soborno en actuación penal y por fraude procesal. Según el fallo, Uribe utilizó a su abogado, Diego Cadena, para sobornar a testigos y tratar de manipular el proceso judicial en su favor. Además, se determinó que Uribe indujo la presentación de documentos falsos ante la Corte para desacreditar las denuncias que lo vinculaban con grupos paramilitares.
Las reacciones a la sentencia han sido mixtas. Mientras algunos celebran la decisión como un paso hacia la justicia, otros critican la pena emitida y expresan su apoyo a Uribe, señalando que la sentencia está politizada. A pesar de su condena, la lealtad de los seguidores de Uribe permanece sólida, y muchos interpretan su situación como un ataque político coordinado por el actual gobierno. Uribe, por su parte, sostiene que "no hay ninguna prueba" que sustente su condena, y ha argumentado que la decisión está motivada por razones políticas y denuncia la filtración prematura de la sentencia a los medios de comunicación.