Progresista 43.2%Conservador 56.8%
Cierre del centro de inmigrantes en Pozuelo: el PP actúa ante la falta de licencia y el Gobierno planea trasladar a 400 menores
El Ayuntamiento de Pozuelo justifica su decisión en un informe que revela irregularidades en el funcionamiento del centro de acogida.
Publicado: 31 de julio de 2025, 12:18
Recientemente, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, gobernado por el Partido Popular, ha tomado la decisión de cerrar el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE), que albergaba a más de 500 migrantes. La medida se debe a la falta de licencia necesaria para operar como centro de acogida. Esta acción se produce en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno español y las administraciones locales, especialmente en relación a la atención de los menores migrantes no acompañados.
El CREADE se abrió inicialmente en 2022 para atender a refugiados de Ucrania, pero desde 2023 ha sido utilizado también para recibir migrantes de otros países, hecho que ha generado controversia y protestas por parte del consistorio. Tras una inspección realizada por el Ayuntamiento, se constató que el centro funcionaba sin la licencia adecuada, lo que llevó a la alcaldesa Paloma Tejero a calificar la situación de "temeraria". Tejero ha denunciado que a pesar de las solicitudes de información al Ejecutivo central, el Ayuntamiento no había recibido respuestas satisfactorias.
El Gobierno tiene un plazo de 15 días para apelar la decisión municipal. La alcaldesa ha afirmado que cualquier problema que surja tras el cierre será responsabilidad del Gobierno, subrayando que no se puede "jugar con las personas". En respuesta, el delegado del Gobierno en Madrid ha criticado la decisión del Ayuntamiento, acusándolos de "racismo preventivo". Este conflicto se inscribe en el marco de un debate más amplio sobre el reparto de menores migrantes no acompañados, en el cual las comunidades gobernadas por el PP han mostrado su rechazo a los planes del Gobierno.
Además, el PP de Ayuso ha intensificado su oposición a la política migratoria del Gobierno central, presentando un recurso ante el Tribunal Supremo contra el decreto que regula el reparto de estos menores. La comunidad de Madrid planeaba recibir 400 menores, pero con el cierre del CREADE, la situación ha generado un nuevo conflicto legal y político. Según Isabel Díaz Ayuso, el Gobierno de Sánchez comete un "agravio" al no considerar las capacidades de las comunidades autónomas. A su vez, el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha señalado que el actual uso del centro no cumple con las regulaciones urbanísticas necesarias. La alcaldesa Tejero ha criticado fuertemente la intención del Gobierno de trasladar a más menores al municipio, calificando los planes de "temeridad".
Por otro lado, la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, también ha apuntado que la ciudad revisará los centros de inmigrantes existentes para asegurar que están dentro de la legalidad urbanística. Esta medida se produce en un marco donde se cuestiona cada vez más la gestión de los centros de acogida y el trato a los menores migrantes en la Comunidad de Madrid.
El CREADE se abrió inicialmente en 2022 para atender a refugiados de Ucrania, pero desde 2023 ha sido utilizado también para recibir migrantes de otros países, hecho que ha generado controversia y protestas por parte del consistorio. Tras una inspección realizada por el Ayuntamiento, se constató que el centro funcionaba sin la licencia adecuada, lo que llevó a la alcaldesa Paloma Tejero a calificar la situación de "temeraria". Tejero ha denunciado que a pesar de las solicitudes de información al Ejecutivo central, el Ayuntamiento no había recibido respuestas satisfactorias.
El Gobierno tiene un plazo de 15 días para apelar la decisión municipal. La alcaldesa ha afirmado que cualquier problema que surja tras el cierre será responsabilidad del Gobierno, subrayando que no se puede "jugar con las personas". En respuesta, el delegado del Gobierno en Madrid ha criticado la decisión del Ayuntamiento, acusándolos de "racismo preventivo". Este conflicto se inscribe en el marco de un debate más amplio sobre el reparto de menores migrantes no acompañados, en el cual las comunidades gobernadas por el PP han mostrado su rechazo a los planes del Gobierno.
Además, el PP de Ayuso ha intensificado su oposición a la política migratoria del Gobierno central, presentando un recurso ante el Tribunal Supremo contra el decreto que regula el reparto de estos menores. La comunidad de Madrid planeaba recibir 400 menores, pero con el cierre del CREADE, la situación ha generado un nuevo conflicto legal y político. Según Isabel Díaz Ayuso, el Gobierno de Sánchez comete un "agravio" al no considerar las capacidades de las comunidades autónomas. A su vez, el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha señalado que el actual uso del centro no cumple con las regulaciones urbanísticas necesarias. La alcaldesa Tejero ha criticado fuertemente la intención del Gobierno de trasladar a más menores al municipio, calificando los planes de "temeridad".
Por otro lado, la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, también ha apuntado que la ciudad revisará los centros de inmigrantes existentes para asegurar que están dentro de la legalidad urbanística. Esta medida se produce en un marco donde se cuestiona cada vez más la gestión de los centros de acogida y el trato a los menores migrantes en la Comunidad de Madrid.