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CEOE critica al Gobierno por subida del SMI en vísperas electorales
La patronal pide aplazar la medida para después de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Publicado: 5 de noviembre de 2026, 15:51
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha manifestado su oposición a la reciente decisión del Gobierno de aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 5,3%, lo que lo elevará a 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas. En un comunicado, la patronal acusó al Ejecutivo de "utilizar políticamente" esta medida en el contexto de las próximas elecciones generales, programadas para el 29 de noviembre. CEOE considera que sería más apropiado que esta decisión fuera tomada por el futuro Gobierno que se forme tras los comicios, independientemente de la ideología política que adopte.
Desde la organización que preside Antonio Garamendi, se argumentó que el aplazamiento permitiría contar con datos e indicadores económicos más precisos, en un momento marcado por la incertidumbre. La CEOE instó al Gobierno a actuar con "lealtad institucional" y a evitar decisiones que, según consideran, podrían estar motivadas por cálculos electorales. La patronal también resaltó que la mejora de las rentas más bajas debe ser un objetivo que no comprometa el empleo, la competitividad y la productividad de las empresas, además del adecuado funcionamiento de la negociación colectiva.
Esta postura se da en un contexto donde los sindicatos, UGT y CCOO, calificaron la subida del SMI como un paso positivo, destacando que contribuirá a continuar con la política de incrementos salariales llevada a cabo en los últimos años. Desde los sindicatos se pide también al Gobierno que modifique la legislación del IRPF para que la subida del salario mínimo llegue íntegramente a los beneficiarios, sin que se vean afectados por retenciones fiscales.
En este sentido, el Registro de Asesores Fiscales (Reaf) del Consejo General de Economistas ha advertido que los perceptores del SMI podrían enfrentar una carga fiscal elevada si no presentan la declaración de la renta. Según sus cálculos, las retenciones podrían oscilar entre el 58% y el 70% dependiendo de la comunidad autónoma, lo que limitaría efectivamente el impacto positivo del incremento salarial. Los asesores fiscales propusieron la necesidad de un mecanismo que evitará la necesidad de correcciones fiscales cada año y garantice que los trabajadores que perciben el SMI no tengan que tributar por sus salarios.
La controversia sobre el SMI y su incremento tiene lugar en un clima de debate sobre la política económica del Gobierno, así como la carga fiscal que supone para los trabajadores y las empresas, en especial para las pequeñas y medianas empresas (pymes) que son más vulnerables a los aumentos de coste laboral. En sus comentarios finales, la CEOE reiteró su compromiso con la mejora salarial, pero subrayó que esta política no debe ser utilizada en el ámbito político y debe ser objeto de un diálogo social constructivo que tenga en cuenta todos los factores económicos.
Desde la organización que preside Antonio Garamendi, se argumentó que el aplazamiento permitiría contar con datos e indicadores económicos más precisos, en un momento marcado por la incertidumbre. La CEOE instó al Gobierno a actuar con "lealtad institucional" y a evitar decisiones que, según consideran, podrían estar motivadas por cálculos electorales. La patronal también resaltó que la mejora de las rentas más bajas debe ser un objetivo que no comprometa el empleo, la competitividad y la productividad de las empresas, además del adecuado funcionamiento de la negociación colectiva.
Esta postura se da en un contexto donde los sindicatos, UGT y CCOO, calificaron la subida del SMI como un paso positivo, destacando que contribuirá a continuar con la política de incrementos salariales llevada a cabo en los últimos años. Desde los sindicatos se pide también al Gobierno que modifique la legislación del IRPF para que la subida del salario mínimo llegue íntegramente a los beneficiarios, sin que se vean afectados por retenciones fiscales.
En este sentido, el Registro de Asesores Fiscales (Reaf) del Consejo General de Economistas ha advertido que los perceptores del SMI podrían enfrentar una carga fiscal elevada si no presentan la declaración de la renta. Según sus cálculos, las retenciones podrían oscilar entre el 58% y el 70% dependiendo de la comunidad autónoma, lo que limitaría efectivamente el impacto positivo del incremento salarial. Los asesores fiscales propusieron la necesidad de un mecanismo que evitará la necesidad de correcciones fiscales cada año y garantice que los trabajadores que perciben el SMI no tengan que tributar por sus salarios.
La controversia sobre el SMI y su incremento tiene lugar en un clima de debate sobre la política económica del Gobierno, así como la carga fiscal que supone para los trabajadores y las empresas, en especial para las pequeñas y medianas empresas (pymes) que son más vulnerables a los aumentos de coste laboral. En sus comentarios finales, la CEOE reiteró su compromiso con la mejora salarial, pero subrayó que esta política no debe ser utilizada en el ámbito político y debe ser objeto de un diálogo social constructivo que tenga en cuenta todos los factores económicos.