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Castilla-La Mancha recurre ante el Constitucional por el reparto de menores migrantes del Gobierno central por falta de financiación
El Consejo de Gobierno castellanomanchego alega que el decreto se aprobó sin diálogo y sin contar con los recursos necesarios.
Publicado: 10 de junio de 2025, 13:20
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el decreto-ley del Gobierno central que establece el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades. Castilla-La Mancha debería acoger a 500 menores, pero carece de la financiación necesaria para asegurar su bienestar. La portavoz Esther Padilla destacó la falta de diálogo en el proceso y la carencia de compensación económica, lo que pone en riesgo el interés superior de los menores.
Este recurso también critica la gestión del acuerdo de reparto por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que ha generado tensiones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Padilla enfatizó que no se buscan eludir responsabilidades, sino garantizar una atención digna y adecuada para los menores, destacando la necesidad de reclamar 250 millones de euros para el conjunto de las comunidades para atender a los menores migrantes no acompañados. Además, ha señalado que el coste de atender a estos 500 menores podría superar los 26 millones de euros anuales, y que la financiación prevista por el Gobierno es cero para Castilla-La Mancha.
Con esta acción, Castilla-La Mancha se une al debate nacional sobre la gestión del fenómeno migratorio y la corresponsabilidad territorial, cuestionando un sistema de reparto que se percibe como una imposición unilateral sin acuerdos previos ni garantías económicas. Padilla también hizo hincapié en que el informe del Consejo Consultivo advierte sobre un posible quebranto del principio de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas y sugiere que una norma excepcional como un decreto debería ser discutida en la Conferencia Sectorial, lo que no sucedió. La portavoz resaltó que la situación impide a las comunidades autónomas, al menos a Castilla-La Mancha, atender a los menores con la dignidad que merecen, insistiendo en que acoger no significa solo abrir la puerta, sino ofrecer condiciones adecuadas.
Este recurso también critica la gestión del acuerdo de reparto por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que ha generado tensiones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Padilla enfatizó que no se buscan eludir responsabilidades, sino garantizar una atención digna y adecuada para los menores, destacando la necesidad de reclamar 250 millones de euros para el conjunto de las comunidades para atender a los menores migrantes no acompañados. Además, ha señalado que el coste de atender a estos 500 menores podría superar los 26 millones de euros anuales, y que la financiación prevista por el Gobierno es cero para Castilla-La Mancha.
Con esta acción, Castilla-La Mancha se une al debate nacional sobre la gestión del fenómeno migratorio y la corresponsabilidad territorial, cuestionando un sistema de reparto que se percibe como una imposición unilateral sin acuerdos previos ni garantías económicas. Padilla también hizo hincapié en que el informe del Consejo Consultivo advierte sobre un posible quebranto del principio de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas y sugiere que una norma excepcional como un decreto debería ser discutida en la Conferencia Sectorial, lo que no sucedió. La portavoz resaltó que la situación impide a las comunidades autónomas, al menos a Castilla-La Mancha, atender a los menores con la dignidad que merecen, insistiendo en que acoger no significa solo abrir la puerta, sino ofrecer condiciones adecuadas.