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Casos de vulneración de derechos infantiles en Uruguay y España provocan críticas al sistema de protección infantil
Investigaciones en curso revelan fallos en la custodia de menores en situaciones de riesgo en dos países diferentes.
Publicado: 26 de enero de 2026, 16:00
En un contexto donde la protección infantil está bajo la lupa, se han evidenciado casos preocupantes en Uruguay y España que han generado críticas sobre la eficacia de los sistemas de custodia y protección de menores. En Uruguay, el caso de Itzaé ha puesto de manifiesto serias dudas sobre el proceso de custodia tras el polémico traspaso de una menor a su tío biológico. Recientemente, la investigación sobre este caso ha cobrado mayor relevancia tras la revelación de que la madre de Itzaé no recibió atención prenatal y contaba con problemas de adicción y salud mental, lo que complicó aún más su entorno familiar. Por otro lado, en Málaga, una niña de dos años fue retirada de la custodia de sus padres tras dar positivo en una prueba de cocaína, lo que ha planteado serias preocupaciones sobre la negligencia parental. Las autoridades andaluzas, tras detectar la desnutrición de la menor y los restos de cocaína en su organismo, activaron un protocolo de protección que ha incluido su ingreso en un ambiente de acogida de emergencia mientras se investiga la situación.
La historia de Itzaé, una menor que fue entregada a su tío biológico luego de haber sido dada en adopción, revela la complejidad de los procesos judiciales en casos de protección infantil. Desde su nacimiento, sus derechos ya estaban comprometidos debido a las condiciones adversas en las que vivió, que incluyeron problemas de adicción y salud mental de su madre, así como un entorno familiar potencialmente dañino. Las investigaciones que se han llevado a cabo por el Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU) y la Institución Nacional de Derechos Humanos buscan aclarar las vulneraciones sufridas por la pequeña y la falta de respuesta adecuada de las autoridades. La Inddhh ha emitido oficios al INAU para que aclare cómo se gestionó el proceso de custodia y ha señalado que se vulneraron los derechos de Itzaé al privarle de su familia adoptiva tras ocho meses de convivencia.
En el caso de la menor en Málaga, las alarmas se encendieron cuando se detectaron restos de cocaína en su organismo tras ser evaluada en el Hospital Materno-Infantil de la ciudad. La Junta de Andalucía decidió retirar la custodia de la niña a sus padres tras confirmar el riesgo severo en el que vivía, lo que conllevó su ingreso en un ambiente de acogida de emergencia. Según fuentes de la Consejería de Inclusión Social, la acción fue motivada por una situación de desamparo provisional debido a negligencia grave en el cuidado de la menor. Ambos casos revelan la fragilidad del sistema de protección infantil y la urgencia de contar con protocolos eficaces que garanticen la seguridad y los derechos de los menores.
La historia de Itzaé, una menor que fue entregada a su tío biológico luego de haber sido dada en adopción, revela la complejidad de los procesos judiciales en casos de protección infantil. Desde su nacimiento, sus derechos ya estaban comprometidos debido a las condiciones adversas en las que vivió, que incluyeron problemas de adicción y salud mental de su madre, así como un entorno familiar potencialmente dañino. Las investigaciones que se han llevado a cabo por el Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU) y la Institución Nacional de Derechos Humanos buscan aclarar las vulneraciones sufridas por la pequeña y la falta de respuesta adecuada de las autoridades. La Inddhh ha emitido oficios al INAU para que aclare cómo se gestionó el proceso de custodia y ha señalado que se vulneraron los derechos de Itzaé al privarle de su familia adoptiva tras ocho meses de convivencia.
En el caso de la menor en Málaga, las alarmas se encendieron cuando se detectaron restos de cocaína en su organismo tras ser evaluada en el Hospital Materno-Infantil de la ciudad. La Junta de Andalucía decidió retirar la custodia de la niña a sus padres tras confirmar el riesgo severo en el que vivía, lo que conllevó su ingreso en un ambiente de acogida de emergencia. Según fuentes de la Consejería de Inclusión Social, la acción fue motivada por una situación de desamparo provisional debido a negligencia grave en el cuidado de la menor. Ambos casos revelan la fragilidad del sistema de protección infantil y la urgencia de contar con protocolos eficaces que garanticen la seguridad y los derechos de los menores.