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Carmen Calvo e Irene Montero critican la reforma constitucional del Gobierno sobre el aborto argumentando su importancia como derecho fundamental
La presidenta del Consejo de Estado y la exministra de Igualdad abogan por un blindaje constitucional del derecho al aborto.
Publicado: 17 de octubre de 2025, 19:27
En el actual debate sobre la reforma de la Constitución en España, Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, ha respaldado junto a Irene Montero, exministra de Igualdad, la necesidad de proteger el derecho al aborto de una forma más robusta, sugiriendo que debería ser incluido en el bloque de "derechos fundamentales" de la Carta Magna. Esta propuesta implica un proceso legislativo más complejo que el que propone el Gobierno, que opta por incluir el aborto en el artículo 43, relativo a la salud.
Carmen Calvo ha enfatizado que el aborto es un "derecho del tronco de la libertad", fundamentado en artículos clave de la Constitución. La reforma del Gobierno ha sido criticada por Calvo y Montero como inadecuada para realmente salvaguardar los derechos de las mujeres, sugiriendo que podría poner en riesgo la legalidad del aborto al tratarse simplemente como un derecho relacionado con la salud y no como un derecho fundamental protegido por la Constitución.
El debate se ha intensificado en el contexto de otros países revisando sus constituciones similares, lo que pone presión sobre el Gobierno español para tomar decisiones que aseguren el derecho al aborto. Ambas figuras coinciden en que la reforma debe enfocarse en garantizar efectivamente los derechos reproductivos, y no dejar su protección a la volatilidad política.
Carmen Calvo ha enfatizado que el aborto es un "derecho del tronco de la libertad", fundamentado en artículos clave de la Constitución. La reforma del Gobierno ha sido criticada por Calvo y Montero como inadecuada para realmente salvaguardar los derechos de las mujeres, sugiriendo que podría poner en riesgo la legalidad del aborto al tratarse simplemente como un derecho relacionado con la salud y no como un derecho fundamental protegido por la Constitución.
El debate se ha intensificado en el contexto de otros países revisando sus constituciones similares, lo que pone presión sobre el Gobierno español para tomar decisiones que aseguren el derecho al aborto. Ambas figuras coinciden en que la reforma debe enfocarse en garantizar efectivamente los derechos reproductivos, y no dejar su protección a la volatilidad política.