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Cambios en la obligación de presentar la declaración de la renta para 2025-2026: qué saber si recibes prestaciones por desempleo
A partir del 8 de abril de 2026, se inicia la campaña de renta con nuevas reglas que afectan a los beneficiarios del paro.
Publicado: 22 de enero de 2026, 05:26
La declaración de la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2025 se podrá comenzar a presentar a partir del 8 de abril de 2026, exclusivamente a través de internet. Este año, el proceso de declaración trae consigo cambios significativos que afectan a distintos grupos de contribuyentes, destacando especialmente a aquellos que perciben prestaciones por desempleo.
La obligación de presentar la declaración depende de varios criterios, incluyendo los ingresos brutos anuales. Los contribuyentes que perciban más de 22.000 euros de un solo pagador o más de 15.876 euros de dos o más pagadores tendrán que rendir cuentas con Hacienda. Sin embargo, se han introducido excepciones para aliviar la carga de aquellos con ingresos bajos, permitiendo que quienes solo reciban el paro no tengan que declarar, a menos que sus ingresos totales superen ciertos límites establecidos.
El plazo para realizar la declaración se extenderá por 84 días. Los cambios buscan simplificar el proceso y mejorar la recaudación, reduciendo las cargas para los ciudadanos que no sobrepasan los límites establecidos, a la vez que se promueve la digitalización de los procedimientos fiscales.
La obligación de presentar la declaración depende de varios criterios, incluyendo los ingresos brutos anuales. Los contribuyentes que perciban más de 22.000 euros de un solo pagador o más de 15.876 euros de dos o más pagadores tendrán que rendir cuentas con Hacienda. Sin embargo, se han introducido excepciones para aliviar la carga de aquellos con ingresos bajos, permitiendo que quienes solo reciban el paro no tengan que declarar, a menos que sus ingresos totales superen ciertos límites establecidos.
El plazo para realizar la declaración se extenderá por 84 días. Los cambios buscan simplificar el proceso y mejorar la recaudación, reduciendo las cargas para los ciudadanos que no sobrepasan los límites establecidos, a la vez que se promueve la digitalización de los procedimientos fiscales.