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Bruselas propone prohibir las suscripciones engañosas y otras trampas digitales
La iniciativa incluye restricciones a las compras de menores en videojuegos y multas de hasta el 6% de la facturación mundial por infracciones de gran escala.
Publicado: 11 de noviembre de 2026, 15:54
La Comisión Europea ha presentado este miércoles una propuesta de Reglamento de Equidad Digital para reforzar la protección de los consumidores en internet. El proyecto busca combatir las suscripciones difíciles de cancelar, los cargos ocultos, los diseños manipuladores y las funciones que fomentan el uso compulsivo de aplicaciones.
La iniciativa deberá negociarse entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE antes de su aprobación definitiva. Las nuevas obligaciones aún no están en vigor y no hay una fecha de aplicación. Bruselas estima que el paquete podría ahorrar a los consumidores europeos hasta 13.700 millones de euros al año.
La propuesta pretende que darse de baja de un servicio digital sea tan sencillo como contratarlo. Las empresas deberán informar con claridad de las renovaciones automáticas y obtener el consentimiento expreso del consumidor antes de convertir una prueba gratuita en una suscripción de pago.
El reglamento también prohibiría determinadas prácticas de diseño conocidas como «patrones oscuros», que presionan o inducen a los usuarios a tomar decisiones. Entre ellas figuran los falsos avisos de últimas unidades o de interés de otros compradores, los mensajes que buscan hacer sentir culpable al consumidor por rechazar una oferta, la incorporación automática de productos a la cesta y las casillas preseleccionadas.
Además, los usuarios podrán desactivar funciones diseñadas para fomentar un uso excesivo, como la reproducción automática de vídeos o las notificaciones que no estén directamente relacionadas con su actividad.
En los videojuegos, Bruselas plantea prohibir para menores las cajas de recompensa de pago, que ofrecen premios virtuales aleatorios, así como los mecanismos que incentivan el gasto para ganar partidas o avanzar más rápido. Las empresas deberán mostrar el valor real en euros de las monedas virtuales utilizadas en juegos y aplicaciones, y estas estarán desactivadas por defecto para los menores.
Los creadores de contenido e influencers tendrán que identificar claramente las publicaciones patrocinadas y no podrán promocionar productos peligrosos o cuya publicidad esté prohibida. Las marcas y agencias publicitarias deberán garantizar que cumplen esas obligaciones. La propuesta también restringe la publicidad personalizada dirigida a menores y el uso de datos sensibles, como los de salud o religión, con fines comerciales, y prohíbe aplicar precios personalizados más elevados a menores y consumidores vulnerables.
Para evitar cargos ocultos, las empresas deberán mostrar desde el principio el precio completo de productos y servicios, incluidos impuestos, tasas y gastos adicionales. En la venta de entradas para conciertos y acontecimientos deportivos, las plataformas con colas virtuales tendrán que informar en tiempo real de las variaciones de precio y del importe máximo que podría alcanzar la compra. Las empresas de reventa deberán indicar el precio original y facilitar, cuando corresponda, la categoría, la fila y el asiento.
La propuesta reconoce asimismo el derecho a recibir atención humana cuando surjan problemas con un contrato que los sistemas automatizados, incluidos los asistentes de inteligencia artificial, no resuelvan satisfactoriamente.
De forma paralela, la Comisión plantea reformar las normas de cooperación entre las autoridades nacionales de protección de los consumidores para facilitar las investigaciones transfronterizas. Bruselas podría imponer directamente multas de hasta el 6% de la facturación mundial anual a empresas que no sean pymes por infracciones que afecten al menos a dos tercios de los Estados miembros y a dos tercios de la población de la UE. Las empresas de fuera de la Unión deberán designar un representante legal en territorio comunitario.
Según la Comisión, la iniciativa convertirá la actual directiva sobre prácticas comerciales desleales en un reglamento de aplicación directa en los Estados miembros, con el objetivo de reducir la fragmentación normativa y los costes administrativos para las empresas. El nuevo marco complementaría otras normas digitales de la UE, entre ellas las leyes de Servicios Digitales, Mercados Digitales e Inteligencia Artificial.
La iniciativa deberá negociarse entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE antes de su aprobación definitiva. Las nuevas obligaciones aún no están en vigor y no hay una fecha de aplicación. Bruselas estima que el paquete podría ahorrar a los consumidores europeos hasta 13.700 millones de euros al año.
La propuesta pretende que darse de baja de un servicio digital sea tan sencillo como contratarlo. Las empresas deberán informar con claridad de las renovaciones automáticas y obtener el consentimiento expreso del consumidor antes de convertir una prueba gratuita en una suscripción de pago.
El reglamento también prohibiría determinadas prácticas de diseño conocidas como «patrones oscuros», que presionan o inducen a los usuarios a tomar decisiones. Entre ellas figuran los falsos avisos de últimas unidades o de interés de otros compradores, los mensajes que buscan hacer sentir culpable al consumidor por rechazar una oferta, la incorporación automática de productos a la cesta y las casillas preseleccionadas.
Además, los usuarios podrán desactivar funciones diseñadas para fomentar un uso excesivo, como la reproducción automática de vídeos o las notificaciones que no estén directamente relacionadas con su actividad.
En los videojuegos, Bruselas plantea prohibir para menores las cajas de recompensa de pago, que ofrecen premios virtuales aleatorios, así como los mecanismos que incentivan el gasto para ganar partidas o avanzar más rápido. Las empresas deberán mostrar el valor real en euros de las monedas virtuales utilizadas en juegos y aplicaciones, y estas estarán desactivadas por defecto para los menores.
Los creadores de contenido e influencers tendrán que identificar claramente las publicaciones patrocinadas y no podrán promocionar productos peligrosos o cuya publicidad esté prohibida. Las marcas y agencias publicitarias deberán garantizar que cumplen esas obligaciones. La propuesta también restringe la publicidad personalizada dirigida a menores y el uso de datos sensibles, como los de salud o religión, con fines comerciales, y prohíbe aplicar precios personalizados más elevados a menores y consumidores vulnerables.
Para evitar cargos ocultos, las empresas deberán mostrar desde el principio el precio completo de productos y servicios, incluidos impuestos, tasas y gastos adicionales. En la venta de entradas para conciertos y acontecimientos deportivos, las plataformas con colas virtuales tendrán que informar en tiempo real de las variaciones de precio y del importe máximo que podría alcanzar la compra. Las empresas de reventa deberán indicar el precio original y facilitar, cuando corresponda, la categoría, la fila y el asiento.
La propuesta reconoce asimismo el derecho a recibir atención humana cuando surjan problemas con un contrato que los sistemas automatizados, incluidos los asistentes de inteligencia artificial, no resuelvan satisfactoriamente.
De forma paralela, la Comisión plantea reformar las normas de cooperación entre las autoridades nacionales de protección de los consumidores para facilitar las investigaciones transfronterizas. Bruselas podría imponer directamente multas de hasta el 6% de la facturación mundial anual a empresas que no sean pymes por infracciones que afecten al menos a dos tercios de los Estados miembros y a dos tercios de la población de la UE. Las empresas de fuera de la Unión deberán designar un representante legal en territorio comunitario.
Según la Comisión, la iniciativa convertirá la actual directiva sobre prácticas comerciales desleales en un reglamento de aplicación directa en los Estados miembros, con el objetivo de reducir la fragmentación normativa y los costes administrativos para las empresas. El nuevo marco complementaría otras normas digitales de la UE, entre ellas las leyes de Servicios Digitales, Mercados Digitales e Inteligencia Artificial.