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Bruselas multa a la red social X con 120 millones de euros por engañar a usuarios con su marca de verificación
La Comisión Europea sanciona a X por falta de transparencia y diseño engañoso en la verificación de cuentas, marcando un precedente en la regulación digital.
Publicado: 5 de diciembre de 2025, 21:49
La Comisión Europea ha decidido multar a la red social X, anteriormente conocida como Twitter, con 120 millones de euros por violar las obligaciones de transparencia establecidas en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA). Esta sanción marca la primera acción de este tipo contra una plataforma digital, en un contexto de creciente presión regulatoria sobre las grandes empresas tecnológicas.
La multa se debe a la implementación de un 'diseño engañoso' asociado a su marca de verificación azul, que permite a los usuarios adquirir la verificación sin comprobaciones efectivas sobre su identidad. Esto ha sido criticado por ofrecer una falsa sensación de autenticidad y exponer a los usuarios a estafas y fraudes. La comisión distribuyó la multa en diferentes categorías, enfatizando que las infracciones comprometían la seguridad de los usuarios y la capacidad de investigadores.
X tiene un plazo de 60 días para corregir comportamientos ilegales y 90 días para un plan de acción respecto al acceso de datos. La decisión ha suscitado reacciones, especialmente en Estados Unidos, donde algunos políticos consideran la multa un ataque a empresas tecnológicas estadounidenses.
La multa se debe a la implementación de un 'diseño engañoso' asociado a su marca de verificación azul, que permite a los usuarios adquirir la verificación sin comprobaciones efectivas sobre su identidad. Esto ha sido criticado por ofrecer una falsa sensación de autenticidad y exponer a los usuarios a estafas y fraudes. La comisión distribuyó la multa en diferentes categorías, enfatizando que las infracciones comprometían la seguridad de los usuarios y la capacidad de investigadores.
X tiene un plazo de 60 días para corregir comportamientos ilegales y 90 días para un plan de acción respecto al acceso de datos. La decisión ha suscitado reacciones, especialmente en Estados Unidos, donde algunos políticos consideran la multa un ataque a empresas tecnológicas estadounidenses.