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Bruselas mantiene a España bajo presión migratoria tras incluir la crisis de Ceuta
La decisión permite al país optar al mecanismo europeo de solidaridad, aunque su acceso está ligado al cumplimiento de las normas de responsabilidad.
Publicado: 6 de noviembre de 2026, 16:05
La Comisión Europea ha mantenido a España, por segundo año consecutivo, en la categoría de países bajo presión migratoria, junto a Italia, Grecia y Chipre. Para tomar la decisión tuvo en cuenta tanto la situación migratoria general como las entradas masivas registradas en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026, pese a que el informe analiza principalmente el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026.
La clasificación da derecho a solicitar ayuda dentro del mecanismo de solidaridad del Pacto de Migración y Asilo, que contempla reubicaciones de migrantes, aportaciones financieras y otras formas de apoyo, como personal, equipos o asistencia técnica. Las reubicaciones serán voluntarias y cada Estado miembro podrá elegir cómo contribuir. La Comisión advierte, no obstante, de que los países que reciben solidaridad deben cumplir sus responsabilidades en la gestión migratoria.
Con los datos del periodo de referencia, España habría quedado en el grupo de países en riesgo de sufrir presión migratoria, que puede acceder a asistencia europea, pero no de forma prioritaria. El Gobierno pidió que se tuviera en cuenta el episodio de Ceuta. Tras evaluar la información adicional remitida por las autoridades españolas, la Comisión concluyó que el país había soportado una carga desproporcionada respecto a la situación general de la Unión.
Según los datos comunicados por España, unas 72.000 personas, entre ellas 3.560 menores no acompañados, entraron irregularmente en Ceuta desde Marruecos. El informe destaca la exposición de Ceuta y Melilla —las únicas fronteras terrestres exteriores de la UE en África— a llegadas masivas. De acuerdo con las autoridades españolas, más del 90% de los nacionales de terceros países que habían entrado irregularmente regresaron a Marruecos en los días posteriores. En las semanas siguientes, las autoridades españolas siguieron afrontando dificultades para realizar las operaciones necesarias y ofrecer acogida y asistencia a quienes permanecían en situación irregular, especialmente a los menores no acompañados.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había escrito al comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, para expresar su preocupación ante la posibilidad de que España quedara fuera de los países beneficiarios de la solidaridad. En la presentación del informe, Brunner señaló que España concentró alrededor del 20% de los cruces irregulares de las fronteras de la UE y fue el tercer Estado miembro en llegadas vinculadas a operaciones de búsqueda y rescate, sobre todo en Canarias, además de Baleares y Ceuta. Ese porcentaje no incluye las entradas en Ceuta de finales de julio, según fuentes comunitarias.
En España, las entradas irregulares descendieron un 46% durante el periodo analizado, principalmente por la caída de las llegadas por la ruta atlántica hacia Canarias. El informe atribuye esa evolución a la continuidad de la cooperación con países del norte y el oeste de África para prevenir salidas, mientras aumentaron las entradas por la ruta del Mediterráneo occidental, principalmente desde Argelia. Las solicitudes de protección internacional en España bajaron un 22%; aun así, el país fue el tercero de la UE en solicitudes en relación con su PIB y población, y el cuarto en cifras absolutas. También ocupó el cuarto puesto en la Unión por registros de protección temporal.
En el conjunto de la UE, la Comisión describió una mejora de la situación migratoria: los cruces irregulares se redujeron a más de la mitad en dos años y cayeron más de un tercio durante el primer semestre de 2026. En 2025 también disminuyeron un 22% los movimientos no autorizados y un 19% las solicitudes de asilo; la tasa de retorno comunitaria superó el 30%.
Bruselas incluyó a Bélgica, Chequia, Alemania, Estonia, Irlanda, Francia, Croacia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Finlandia entre los países en riesgo de sufrir presión migratoria. La evaluación también consideró que Bulgaria, Chequia, Estonia, Croacia, Austria y Polonia afrontan una situación migratoria significativa por el efecto acumulado de las llegadas de los últimos cinco años. Estos países pueden pedir al Consejo una exención total o parcial de sus contribuciones al contingente de solidaridad de 2027.
La propuesta comunitaria fija una cuota preliminar de migrantes que deberían repartirse en la UE en 2027, pero Bruselas no ha publicado las cifras. El Consejo deberá convocar en un plazo de 15 días el primer Foro de Solidaridad de Alto Nivel, donde los Estados presentarán sus propuestas de contribución. Para 2026 se acordaron 21.000 reubicaciones y 420 millones de euros en contribuciones financieras, por debajo de la propuesta de la Comisión y de la posición defendida por España, que planteaba 30.000 reubicaciones y 600 millones.
Si la Comisión detecta incumplimientos sistémicos en el control de los flujos migratorios en un Estado bajo presión, el resto de países no estará obligado a ejecutar sus compromisos de solidaridad. Entre las responsabilidades de España, Italia, Grecia y Chipre figuran impedir movimientos posteriores dentro de la UE de migrantes llegados a sus territorios y aceptar la devolución de quienes sean detectados en otros Estados miembros y hayan entrado por sus fronteras. Brunner afirmó que Italia ha avanzado en la aplicación de esas normas, pero que aún debe progresar más y estará bajo estrecha supervisión. Hungría y Eslovaquia ya se opusieron a colaborar en el ciclo anterior, lo que llevó a la Comisión a advertir de posibles medidas.
La clasificación da derecho a solicitar ayuda dentro del mecanismo de solidaridad del Pacto de Migración y Asilo, que contempla reubicaciones de migrantes, aportaciones financieras y otras formas de apoyo, como personal, equipos o asistencia técnica. Las reubicaciones serán voluntarias y cada Estado miembro podrá elegir cómo contribuir. La Comisión advierte, no obstante, de que los países que reciben solidaridad deben cumplir sus responsabilidades en la gestión migratoria.
Con los datos del periodo de referencia, España habría quedado en el grupo de países en riesgo de sufrir presión migratoria, que puede acceder a asistencia europea, pero no de forma prioritaria. El Gobierno pidió que se tuviera en cuenta el episodio de Ceuta. Tras evaluar la información adicional remitida por las autoridades españolas, la Comisión concluyó que el país había soportado una carga desproporcionada respecto a la situación general de la Unión.
Según los datos comunicados por España, unas 72.000 personas, entre ellas 3.560 menores no acompañados, entraron irregularmente en Ceuta desde Marruecos. El informe destaca la exposición de Ceuta y Melilla —las únicas fronteras terrestres exteriores de la UE en África— a llegadas masivas. De acuerdo con las autoridades españolas, más del 90% de los nacionales de terceros países que habían entrado irregularmente regresaron a Marruecos en los días posteriores. En las semanas siguientes, las autoridades españolas siguieron afrontando dificultades para realizar las operaciones necesarias y ofrecer acogida y asistencia a quienes permanecían en situación irregular, especialmente a los menores no acompañados.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había escrito al comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, para expresar su preocupación ante la posibilidad de que España quedara fuera de los países beneficiarios de la solidaridad. En la presentación del informe, Brunner señaló que España concentró alrededor del 20% de los cruces irregulares de las fronteras de la UE y fue el tercer Estado miembro en llegadas vinculadas a operaciones de búsqueda y rescate, sobre todo en Canarias, además de Baleares y Ceuta. Ese porcentaje no incluye las entradas en Ceuta de finales de julio, según fuentes comunitarias.
En España, las entradas irregulares descendieron un 46% durante el periodo analizado, principalmente por la caída de las llegadas por la ruta atlántica hacia Canarias. El informe atribuye esa evolución a la continuidad de la cooperación con países del norte y el oeste de África para prevenir salidas, mientras aumentaron las entradas por la ruta del Mediterráneo occidental, principalmente desde Argelia. Las solicitudes de protección internacional en España bajaron un 22%; aun así, el país fue el tercero de la UE en solicitudes en relación con su PIB y población, y el cuarto en cifras absolutas. También ocupó el cuarto puesto en la Unión por registros de protección temporal.
En el conjunto de la UE, la Comisión describió una mejora de la situación migratoria: los cruces irregulares se redujeron a más de la mitad en dos años y cayeron más de un tercio durante el primer semestre de 2026. En 2025 también disminuyeron un 22% los movimientos no autorizados y un 19% las solicitudes de asilo; la tasa de retorno comunitaria superó el 30%.
Bruselas incluyó a Bélgica, Chequia, Alemania, Estonia, Irlanda, Francia, Croacia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Finlandia entre los países en riesgo de sufrir presión migratoria. La evaluación también consideró que Bulgaria, Chequia, Estonia, Croacia, Austria y Polonia afrontan una situación migratoria significativa por el efecto acumulado de las llegadas de los últimos cinco años. Estos países pueden pedir al Consejo una exención total o parcial de sus contribuciones al contingente de solidaridad de 2027.
La propuesta comunitaria fija una cuota preliminar de migrantes que deberían repartirse en la UE en 2027, pero Bruselas no ha publicado las cifras. El Consejo deberá convocar en un plazo de 15 días el primer Foro de Solidaridad de Alto Nivel, donde los Estados presentarán sus propuestas de contribución. Para 2026 se acordaron 21.000 reubicaciones y 420 millones de euros en contribuciones financieras, por debajo de la propuesta de la Comisión y de la posición defendida por España, que planteaba 30.000 reubicaciones y 600 millones.
Si la Comisión detecta incumplimientos sistémicos en el control de los flujos migratorios en un Estado bajo presión, el resto de países no estará obligado a ejecutar sus compromisos de solidaridad. Entre las responsabilidades de España, Italia, Grecia y Chipre figuran impedir movimientos posteriores dentro de la UE de migrantes llegados a sus territorios y aceptar la devolución de quienes sean detectados en otros Estados miembros y hayan entrado por sus fronteras. Brunner afirmó que Italia ha avanzado en la aplicación de esas normas, pero que aún debe progresar más y estará bajo estrecha supervisión. Hungría y Eslovaquia ya se opusieron a colaborar en el ciclo anterior, lo que llevó a la Comisión a advertir de posibles medidas.