Bruselas lleva a España ante el TJUE por incumplimiento de normas laborales y fiscales, resaltando la falta de transparencia y condiciones de trabajo.

La Comisión Europea ha tomado la decisión este miércoles de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debido a su incumplimiento en la transposición de la Directiva sobre condiciones laborales transparentes y previsibles (Directiva 2019/1152). Esta normativa, que busca garantizar derechos laborales actualizados, exige que los Estados miembros proporcionen información clara sobre aspectos esenciales del empleo.

A pesar de los esfuerzos del gobierno español, la Comisión considera que las medidas adoptadas son insuficientes y que España no proporciona las garantías necesarias en su legislación nacional, lo que ha llevado a que se exijan sanciones económicas. Se enfatiza que la normativa debe limitar el periodo de prueba en los contratos laborales, aspecto que España no ha regulado plenamente.

Además, la Comisión ha abierto un expediente relacionado con la imposición fiscal a los propietarios de viviendas no residentes en España, con una denuncia sobre el impuesto que se aplica de forma discriminatoria. A este respecto, se recuerda que durante la sesión de control en el Parlamento Europeo, se discutieron medidas sobre el Estado de derecho en España, donde el comisario de Justicia sostuvo que España ha dado “pasos” en las recomendaciones sobre el Estado de derecho. Sin embargo, las críticas continúan en el marco de investigaciones sobre corrupción que afectan a miembros del Gobierno, lo que ha llevado al Partido Popular a movilizarse en Europa contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La acumulación de estas infracciones subraya las dificultades que enfrenta España para cumplir con las directrices de la UE. En un reciente debate en la Eurocámara, se planteó que la principal medida que reclama Bruselas es que el mandato del fiscal general se separe de la legislatura del Gobierno. Esta situación ha generado un contexto tenso, donde las políticas del Gobierno están bajo un intenso escrutinio tanto nacional como internacional, complicando aún más la situación reformista de la administración de Sánchez.