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Bruselas inicia un procedimiento de infracción contra España por las leyes que condicionan la OPA del BBVA sobre Sabadell
La Comisión Europea considera que la normativa española infringe las normativas comunitarias y exige cambios legislativos.
Publicado: 17 de julio de 2025, 12:36
La Comisión Europea ha abierto este jueves un procedimiento de infracción contra España, motivado por las leyes que el Gobierno ha utilizado para decidir sobre la oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA sobre el Banco Sabadell. Este expediente se inicia bajo la premisa de que las normas españolas no se alinean con los principios del mercado único europeo, especialmente las que garantizan la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento.
La Comisión considera que el Gobierno español excedió sus límites al elevar la decisión sobre la OPA al Consejo de Ministros, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya hubiera autorizado la operación con condiciones. Se ha señalado que el uso de la Ley de Defensa de la Competencia por parte del Ejecutivo no estaba justificado y que las condiciones impuestas van más allá de lo permitido.
En el marco de esta situación, la Comisión ha dado un plazo de dos meses a España para que responda a sus inquietudes y modifique las leyes que considera problemáticas, de lo contrario, el caso podría ser llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y acarrear sanciones económicas. Las consecuencias de esta disputa no solo afectan la operación de BBVA sino también la relación entre las normativas nacionales y europeas, que buscan facilitar la consolidación del sector bancario.
Otra normativa en la mira de Bruselas es la que rige la prórroga de las concesiones de autopistas, como la AP-9 y la AP-66, que también ha sido objeto de críticas por parte de la Comisión Europea. Según se ha informado, estas concesiones se ampliaron de manera que no se ajustan a las normas de contratación pública de la UE y podrían resultar en sanciones si no se corrigen. La presión sobre el Gobierno para resolver estas irregularidades ha aumentado, al igual que la necesidad de alinear la legislación española con los principios europeos establecidos.
El Gobierno español, a través de su ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha manifestado su intención de cumplir con las normativas comunitarias, asegurando que las leyes en cuestión han sido aplicadas en múltiples ocasiones a lo largo de los años y que su actuación es conforme a la legislación nacional y europea. Sin embargo, el Ejecutivo también ha enfrentado críticas por su intervención en la OPA del BBVA sobre el Sabadell, cuestionada por no representar un interés general real y por ser considerada excesiva por las autoridades comunitarias.
La Comisión ha reiterado que cualquier acción del Gobierno debe justificarse adecuadamente basándose en razones válidas de interés público, y que la decisión de intervenir y modificar las condiciones de la OPA de forma unilateral debe estar respaldada por fundamentos sólidos. Así, la atención se centra ahora en cómo España responderá a este requerimiento y qué cambios legislativos se implementarán para evitar un conflicto más profundo con las instituciones de la UE.
La Comisión considera que el Gobierno español excedió sus límites al elevar la decisión sobre la OPA al Consejo de Ministros, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya hubiera autorizado la operación con condiciones. Se ha señalado que el uso de la Ley de Defensa de la Competencia por parte del Ejecutivo no estaba justificado y que las condiciones impuestas van más allá de lo permitido.
En el marco de esta situación, la Comisión ha dado un plazo de dos meses a España para que responda a sus inquietudes y modifique las leyes que considera problemáticas, de lo contrario, el caso podría ser llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y acarrear sanciones económicas. Las consecuencias de esta disputa no solo afectan la operación de BBVA sino también la relación entre las normativas nacionales y europeas, que buscan facilitar la consolidación del sector bancario.
Otra normativa en la mira de Bruselas es la que rige la prórroga de las concesiones de autopistas, como la AP-9 y la AP-66, que también ha sido objeto de críticas por parte de la Comisión Europea. Según se ha informado, estas concesiones se ampliaron de manera que no se ajustan a las normas de contratación pública de la UE y podrían resultar en sanciones si no se corrigen. La presión sobre el Gobierno para resolver estas irregularidades ha aumentado, al igual que la necesidad de alinear la legislación española con los principios europeos establecidos.
El Gobierno español, a través de su ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha manifestado su intención de cumplir con las normativas comunitarias, asegurando que las leyes en cuestión han sido aplicadas en múltiples ocasiones a lo largo de los años y que su actuación es conforme a la legislación nacional y europea. Sin embargo, el Ejecutivo también ha enfrentado críticas por su intervención en la OPA del BBVA sobre el Sabadell, cuestionada por no representar un interés general real y por ser considerada excesiva por las autoridades comunitarias.
La Comisión ha reiterado que cualquier acción del Gobierno debe justificarse adecuadamente basándose en razones válidas de interés público, y que la decisión de intervenir y modificar las condiciones de la OPA de forma unilateral debe estar respaldada por fundamentos sólidos. Así, la atención se centra ahora en cómo España responderá a este requerimiento y qué cambios legislativos se implementarán para evitar un conflicto más profundo con las instituciones de la UE.