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Bruselas advierte a España por las penas de malversación de fondos europeos

La Comisión da dos meses a España para responder a las deficiencias detectadas en la aplicación de la directiva contra el fraude.

Publicado: 20 de noviembre de 2026, 07:50

La Comisión Europea ha advertido a España de que su legislación no tipifica adecuadamente la malversación de fondos de la Unión Europea y establece una pena máxima de prisión inferior a la exigida por la directiva comunitaria contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la UE.

Bruselas ha enviado una nueva carta a las autoridades españolas en el marco del procedimiento de infracción abierto en diciembre de 2021. Entonces ya señaló deficiencias en la incorporación de la norma, entre ellas algunas relativas a la definición del delito de corrupción. El plazo para trasladar la directiva a la legislación nacional venció el 6 de julio de 2019.

España dispone ahora de dos meses para responder y abordar las deficiencias. Si la Comisión considera insuficiente la respuesta, podría remitir un dictamen motivado. El procedimiento puede llegar al Tribunal de Justicia de la UE y desembocar en una sanción económica.

Según la Comisión, la directiva protege el presupuesto europeo al armonizar las definiciones, las sanciones y las normas de jurisdicción aplicables al fraude y otros delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión. También establece las bases de las competencias de la Fiscalía Europea, de la que España forma parte.

Bruselas también ha pedido a España que incorpore adecuadamente la normativa sobre transparencia fiscal e intercambio de información relativa a inversiones en criptoactivos, así como que mejore el intercambio de información sobre cuentas financieras entre las autoridades fiscales.

Además, la Comisión ha instado a España y a otros siete Estados miembros —Bélgica, Alemania, Italia, Austria, Polonia, Portugal y Rumanía— a adaptar a la legislación europea sus normas fiscales sobre fondos de pensiones y aseguradoras de vida. Considera que establecen barreras discriminatorias a la inversión transfronteriza contrarias a la libre circulación de capitales.

En concreto, sostiene que esos países eximen de impuestos los rendimientos de los fondos y aseguradoras nacionales, pero gravan los de entidades comparables de otros países de la UE o del Espacio Económico Europeo. También señala que impiden a estas últimas deducir las reservas técnicas destinadas a cubrir futuras obligaciones con sus clientes, mientras que las entidades nacionales sí pueden hacerlo. Los países afectados disponen de dos meses para responder.