Bruselas abre un expediente a España por el veto a la fusión de BBVA y Sabadell tras advertencias a las intervenciones gubernamentales.

La Comisión Europea ha puesto en marcha un procedimiento de infracción contra España por la intervención del Gobierno en la opa de BBVA sobre Banco Sabadell, lo que podría tener implicaciones significativas para el sector financiero en el país. Según las autoridades comunitarias, las medidas impuestas por el Ejecutivo español limitan las transacciones bancarias al imponer condiciones que no se justifican adecuadamente bajo los marcos de seguridad y orden público establecidos por la legislación europea.

Las advertencias de Bruselas se centran en el veto de tres años a la fusión, un periodo que la Comisión considera "muy cuestionable" y que podría entenderse como una restricción injustificada de la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales. A lo largo de la historia, la UE ha abogado por fusiones y consolidaciones en el sector bancario, considerando que benefician la economía europea en su conjunto y facilitan el acceso a productos financieros a precios competitivos.

Carlos Cuerpo, responsable del departamento de Economía, defiende que las decisiones del Gobierno están alineadas con la normativa española y europea, aunque la Comisión Europea opina que las leyes que han permitido al Gobierno intervenir son incompatibles con las normativas comunitarias. El Gobierno español tiene un plazo de dos meses para presentar alegaciones y justificar sus acciones ante Bruselas. En caso de que la Comisión no esté satisfecha con la respuesta, el siguiente paso podría ser un dictamen motivado que podría incluir sanciones.