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Birmania rechaza la sentencia que la declara responsable del genocidio rohinyá
La Corte Internacional de Justicia ordena investigar los crímenes, reparar a las víctimas y facilitar el retorno de los desplazados por la ofensiva de 2017.
Publicado: 20 de noviembre de 2026, 07:53 · actualizado: 20 de noviembre de 2026, 15:43
El Gobierno militar de Birmania rechazó este viernes la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que declaró al país responsable de genocidio contra la minoría musulmana rohinyá durante la ofensiva militar de 2017 en el estado de Rakáin. Es la primera vez que el tribunal de la ONU atribuye a un Estado la responsabilidad por este crimen.
El Ministerio de Exteriores birmano sostuvo que el fallo del jueves fue adoptado sin la participación del representante legítimo de Myanmar y que no refleja la realidad sobre el terreno. El Ejecutivo presidido por Min Aung Hlaing lo calificó de selectivo y sesgado y lo rechazó categóricamente. También acusó a este tipo de procesos de basarse en información parcial o fabricada para interferir en los asuntos internos de otros Estados.
La portavoz de la Presidencia birmana, Jaing Jaing Soe, calificó el fallo de injusto y destacó que no fue unánime. También defendió que las autoridades cumplieron plenamente las medidas provisionales dictadas por la Corte y que actuaron conforme al derecho internacional.
La resolución, aprobada por nueve votos frente a seis, concluye que las fuerzas de seguridad actuaron con la intención de destruir una parte sustancial de los rohinyás del norte de Rakáin. Esa intención es un requisito para establecer el delito de genocidio conforme a la convención de la ONU de 1948. Entre los jueces que votaron en contra figura la magistrada china Xue Hanqin, quien consideró que no había pruebas concluyentes de esa intención.
La Corte consideró probados asesinatos indiscriminados, la separación y ejecución de hombres, violencia sexual generalizada, ataques contra menores y medidas destinadas a impedir nacimientos. También concluyó que las tropas atacaron a civiles que huían hacia Bangladés y que la ofensiva causó graves daños físicos y mentales.
Los jueces consideraron que las pruebas respaldan la estimación de unas 10.000 personas asesinadas y dieron credibilidad a los informes que cifran en más de 700 los niños muertos. Según el fallo, 391 aldeas rohinyás fueron destruidas de forma sistemática y selectiva. La Corte también consideró probado que las aldeas rohinyás fueron sustituidas por infraestructuras permanentes y que las zonas fueron repobladas con personas ajenas a la comunidad. Más de 700.000 rohinyás huyeron a Bangladés y otros países.
El tribunal también concluyó que Birmania incumplió sus obligaciones de prevenir el genocidio cometido por personas que actuaban junto a sus fuerzas de seguridad, castigar a los responsables y aprobar la legislación necesaria para aplicar la convención. Consideró probado que las autoridades permitieron la destrucción de pruebas pese a que había ordenado preservarlas en enero de 2020. En cambio, por catorce votos contra uno, no consideró probado que el Estado incitara directa y públicamente al genocidio.
La CIJ ordenó investigar a las personas sobre las que existan sospechas razonables y, cuando corresponda, procesarlas y castigarlas. También exigió garantías de no repetición y la aprobación de legislación para cumplir las obligaciones internacionales del país.
Entre las reparaciones figuran facilitar el retorno seguro, voluntario y digno de los desplazados, tanto dentro de Birmania como en el extranjero, y la reunificación familiar. El fallo exige devolver o sustituir propiedades individuales y colectivas, facilitar la búsqueda de desaparecidos y la recuperación de cuerpos, y garantizar la rehabilitación física y psicológica de las víctimas. Birmania deberá indemnizar los daños que no puedan repararse mediante restitución; la cuantía y otras modalidades de reparación se determinarán posteriormente. El país deberá informar al tribunal sobre las medidas adoptadas en un plazo de dos años.
La sentencia es definitiva y vinculante, pero la CIJ no dispone de mecanismos propios para ejecutarla ni juzga penalmente a personas. Si Birmania incumple, Gambia podrá acudir al Consejo de Seguridad de la ONU para pedir medidas que hagan efectivo el fallo.
Gambia presentó la demanda en 2019 con el respaldo de la Organización de Cooperación Islámica; otros once países intervinieron después en el procedimiento. Durante las audiencias de enero, supervivientes declararon a puerta cerrada por razones de seguridad. Birmania negó el genocidio y sostuvo que sus operaciones de 2016 y 2017 respondían a ataques del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán, al que considera terrorista. La Corte concluyó que no había pruebas de que el ejército distinguiera entre civiles y presuntos combatientes y que los daños excedían lo justificable por necesidad militar. En octubre de 2016, tras ataques de rebeldes del ARSA contra puestos fronterizos, el ejército lanzó una primera gran ofensiva en el norte de Rakáin, que dio lugar a denuncias de la ONU por graves abusos de derechos humanos. En agosto de 2017 inició otra gran operación militar.
La minoría rohinyá lleva décadas sometida a discriminación y restricciones, incluida la pérdida de su ciudadanía en 1982. El tribunal señaló que las leyes restrictivas erosionaron sus derechos y que los discursos de odio patrocinados por el ejército alimentaron la hostilidad. Una misión independiente de la ONU ya había pedido en 2018 investigar y procesar a altos mandos militares por presuntos genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Min Aung Hlaing dirigía el ejército durante la ofensiva de 2017 y encabezó el golpe de 2021 que derrocó al Gobierno electo de Aung San Suu Kyi. La antigua consejera de Estado, encarcelada desde el golpe, había defendido a Birmania ante la CIJ en 2019 y negado que existiera intención genocida. Este año, Min Aung Hlaing fue investido presidente civil tras unas elecciones con fuertes restricciones y ha emprendido una campaña diplomática para legitimarse. El país continúa inmerso en una guerra civil.
La decisión fue celebrada en los campos de refugiados de Cox’s Bazar, donde miembros de la comunidad siguieron su lectura en televisión. El dirigente rohinyá Sayed Ullah agradeció el apoyo de Bangladés, Gambia y la Organización de Cooperación Islámica y pidió que continúe hasta que puedan volver a casa.
Antes del fallo, una superviviente de violación de 23 años pidió justicia y castigos severos para quienes violaron a mujeres. Otro superviviente, Mohammed Osman, de 20 años, expresó la esperanza de regresar y celebrar los ritos funerarios por sus padres y su hermano menor, a quienes dijo que el ejército birmano había matado. Relató que los soldados dispararon a su padre, obligaron a su madre a entrar en una casa con otras mujeres, las violaron y quemaron su vivienda.
El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a Birmania acatar el fallo, reparar a las víctimas y garantizar un retorno seguro, voluntario y digno. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, reclamó que la sentencia se traduzca en acciones reales. Reino Unido anunció la expulsión del agregado de Defensa birmano y convocó al representante diplomático del país.
El presidente de la Asamblea General de la ONU, Jalilur Rahman, visitó este viernes un campo de refugiados rohinyás en Bangladés y pidió a Birmania que permita su retorno voluntario, seguro y digno. Advirtió de que la sentencia debe cumplirse para garantizar la justicia en la práctica.
La Unión Europea advirtió de que el cumplimiento del fallo no es opcional y reclamó que se rindan cuentas. Un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior subrayó la necesidad de hacer justicia a las víctimas y respetar el derecho internacional.
Estados Unidos indicó que estudia la sentencia para evaluar sus implicaciones y pidió evitar la politización de la CIJ. Washington expresó su apoyo a los rohinyás y afirmó que es el principal donante de la respuesta humanitaria, con más de 2.500 millones de dólares desde 2017.
China, principal socio comercial de Birmania, pidió a la comunidad internacional que no complique la situación de los rohinyás y reclamó a las instituciones judiciales internacionales que ejerzan sus competencias conforme a la ley y con prudencia. El portavoz de Exteriores Guo Jiakun expresó preocupación por una posible extralimitación del tribunal y el uso de interpretaciones amplias. Preguntado por si la jueza Xue había recibido instrucciones de Pekín, respondió que los magistrados ejercen sus funciones de forma independiente y a título personal.
Médicos Sin Fronteras y Human Rights Watch celebraron el reconocimiento judicial. MSF advirtió de que la persecución y las necesidades humanitarias continúan y de que el regreso de los refugiados sigue sin ser seguro; pidió evaluar exhaustivamente sus necesidades de protección antes de cualquier retorno.
Según organizaciones que trabajan sobre el terreno, unos 150.000 rohinyás han huido a Bangladés desde 2024 y la población refugiada allí supera los 1,2 millones. Los refugiados no tienen permiso para trabajar ni libertad de movimiento fuera de los campos. La reducción de la financiación humanitaria en los dos últimos años ha agravado su situación, mientras algunos intentan llegar a Malasia por mar.
La aplicación de la Convención contra el Genocidio en este caso también es seguida por sus posibles implicaciones para otros procedimientos ante la CIJ, incluida la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel por la ofensiva en Gaza. Ese proceso sigue pendiente y deberá resolverse a partir de sus propias pruebas y argumentos. No se espera un fallo en ese caso antes de 2029.
El Ministerio de Exteriores birmano sostuvo que el fallo del jueves fue adoptado sin la participación del representante legítimo de Myanmar y que no refleja la realidad sobre el terreno. El Ejecutivo presidido por Min Aung Hlaing lo calificó de selectivo y sesgado y lo rechazó categóricamente. También acusó a este tipo de procesos de basarse en información parcial o fabricada para interferir en los asuntos internos de otros Estados.
La portavoz de la Presidencia birmana, Jaing Jaing Soe, calificó el fallo de injusto y destacó que no fue unánime. También defendió que las autoridades cumplieron plenamente las medidas provisionales dictadas por la Corte y que actuaron conforme al derecho internacional.
La resolución, aprobada por nueve votos frente a seis, concluye que las fuerzas de seguridad actuaron con la intención de destruir una parte sustancial de los rohinyás del norte de Rakáin. Esa intención es un requisito para establecer el delito de genocidio conforme a la convención de la ONU de 1948. Entre los jueces que votaron en contra figura la magistrada china Xue Hanqin, quien consideró que no había pruebas concluyentes de esa intención.
La Corte consideró probados asesinatos indiscriminados, la separación y ejecución de hombres, violencia sexual generalizada, ataques contra menores y medidas destinadas a impedir nacimientos. También concluyó que las tropas atacaron a civiles que huían hacia Bangladés y que la ofensiva causó graves daños físicos y mentales.
Los jueces consideraron que las pruebas respaldan la estimación de unas 10.000 personas asesinadas y dieron credibilidad a los informes que cifran en más de 700 los niños muertos. Según el fallo, 391 aldeas rohinyás fueron destruidas de forma sistemática y selectiva. La Corte también consideró probado que las aldeas rohinyás fueron sustituidas por infraestructuras permanentes y que las zonas fueron repobladas con personas ajenas a la comunidad. Más de 700.000 rohinyás huyeron a Bangladés y otros países.
El tribunal también concluyó que Birmania incumplió sus obligaciones de prevenir el genocidio cometido por personas que actuaban junto a sus fuerzas de seguridad, castigar a los responsables y aprobar la legislación necesaria para aplicar la convención. Consideró probado que las autoridades permitieron la destrucción de pruebas pese a que había ordenado preservarlas en enero de 2020. En cambio, por catorce votos contra uno, no consideró probado que el Estado incitara directa y públicamente al genocidio.
La CIJ ordenó investigar a las personas sobre las que existan sospechas razonables y, cuando corresponda, procesarlas y castigarlas. También exigió garantías de no repetición y la aprobación de legislación para cumplir las obligaciones internacionales del país.
Entre las reparaciones figuran facilitar el retorno seguro, voluntario y digno de los desplazados, tanto dentro de Birmania como en el extranjero, y la reunificación familiar. El fallo exige devolver o sustituir propiedades individuales y colectivas, facilitar la búsqueda de desaparecidos y la recuperación de cuerpos, y garantizar la rehabilitación física y psicológica de las víctimas. Birmania deberá indemnizar los daños que no puedan repararse mediante restitución; la cuantía y otras modalidades de reparación se determinarán posteriormente. El país deberá informar al tribunal sobre las medidas adoptadas en un plazo de dos años.
La sentencia es definitiva y vinculante, pero la CIJ no dispone de mecanismos propios para ejecutarla ni juzga penalmente a personas. Si Birmania incumple, Gambia podrá acudir al Consejo de Seguridad de la ONU para pedir medidas que hagan efectivo el fallo.
Gambia presentó la demanda en 2019 con el respaldo de la Organización de Cooperación Islámica; otros once países intervinieron después en el procedimiento. Durante las audiencias de enero, supervivientes declararon a puerta cerrada por razones de seguridad. Birmania negó el genocidio y sostuvo que sus operaciones de 2016 y 2017 respondían a ataques del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán, al que considera terrorista. La Corte concluyó que no había pruebas de que el ejército distinguiera entre civiles y presuntos combatientes y que los daños excedían lo justificable por necesidad militar. En octubre de 2016, tras ataques de rebeldes del ARSA contra puestos fronterizos, el ejército lanzó una primera gran ofensiva en el norte de Rakáin, que dio lugar a denuncias de la ONU por graves abusos de derechos humanos. En agosto de 2017 inició otra gran operación militar.
La minoría rohinyá lleva décadas sometida a discriminación y restricciones, incluida la pérdida de su ciudadanía en 1982. El tribunal señaló que las leyes restrictivas erosionaron sus derechos y que los discursos de odio patrocinados por el ejército alimentaron la hostilidad. Una misión independiente de la ONU ya había pedido en 2018 investigar y procesar a altos mandos militares por presuntos genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Min Aung Hlaing dirigía el ejército durante la ofensiva de 2017 y encabezó el golpe de 2021 que derrocó al Gobierno electo de Aung San Suu Kyi. La antigua consejera de Estado, encarcelada desde el golpe, había defendido a Birmania ante la CIJ en 2019 y negado que existiera intención genocida. Este año, Min Aung Hlaing fue investido presidente civil tras unas elecciones con fuertes restricciones y ha emprendido una campaña diplomática para legitimarse. El país continúa inmerso en una guerra civil.
La decisión fue celebrada en los campos de refugiados de Cox’s Bazar, donde miembros de la comunidad siguieron su lectura en televisión. El dirigente rohinyá Sayed Ullah agradeció el apoyo de Bangladés, Gambia y la Organización de Cooperación Islámica y pidió que continúe hasta que puedan volver a casa.
Antes del fallo, una superviviente de violación de 23 años pidió justicia y castigos severos para quienes violaron a mujeres. Otro superviviente, Mohammed Osman, de 20 años, expresó la esperanza de regresar y celebrar los ritos funerarios por sus padres y su hermano menor, a quienes dijo que el ejército birmano había matado. Relató que los soldados dispararon a su padre, obligaron a su madre a entrar en una casa con otras mujeres, las violaron y quemaron su vivienda.
El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a Birmania acatar el fallo, reparar a las víctimas y garantizar un retorno seguro, voluntario y digno. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, reclamó que la sentencia se traduzca en acciones reales. Reino Unido anunció la expulsión del agregado de Defensa birmano y convocó al representante diplomático del país.
El presidente de la Asamblea General de la ONU, Jalilur Rahman, visitó este viernes un campo de refugiados rohinyás en Bangladés y pidió a Birmania que permita su retorno voluntario, seguro y digno. Advirtió de que la sentencia debe cumplirse para garantizar la justicia en la práctica.
La Unión Europea advirtió de que el cumplimiento del fallo no es opcional y reclamó que se rindan cuentas. Un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior subrayó la necesidad de hacer justicia a las víctimas y respetar el derecho internacional.
Estados Unidos indicó que estudia la sentencia para evaluar sus implicaciones y pidió evitar la politización de la CIJ. Washington expresó su apoyo a los rohinyás y afirmó que es el principal donante de la respuesta humanitaria, con más de 2.500 millones de dólares desde 2017.
China, principal socio comercial de Birmania, pidió a la comunidad internacional que no complique la situación de los rohinyás y reclamó a las instituciones judiciales internacionales que ejerzan sus competencias conforme a la ley y con prudencia. El portavoz de Exteriores Guo Jiakun expresó preocupación por una posible extralimitación del tribunal y el uso de interpretaciones amplias. Preguntado por si la jueza Xue había recibido instrucciones de Pekín, respondió que los magistrados ejercen sus funciones de forma independiente y a título personal.
Médicos Sin Fronteras y Human Rights Watch celebraron el reconocimiento judicial. MSF advirtió de que la persecución y las necesidades humanitarias continúan y de que el regreso de los refugiados sigue sin ser seguro; pidió evaluar exhaustivamente sus necesidades de protección antes de cualquier retorno.
Según organizaciones que trabajan sobre el terreno, unos 150.000 rohinyás han huido a Bangladés desde 2024 y la población refugiada allí supera los 1,2 millones. Los refugiados no tienen permiso para trabajar ni libertad de movimiento fuera de los campos. La reducción de la financiación humanitaria en los dos últimos años ha agravado su situación, mientras algunos intentan llegar a Malasia por mar.
La aplicación de la Convención contra el Genocidio en este caso también es seguida por sus posibles implicaciones para otros procedimientos ante la CIJ, incluida la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel por la ofensiva en Gaza. Ese proceso sigue pendiente y deberá resolverse a partir de sus propias pruebas y argumentos. No se espera un fallo en ese caso antes de 2029.