InternacionalContrastada con 4 fuentes
Progresista 52.2%Conservador 47.8%
Bélgica aprueba una ley para registrar domicilios y detener a migrantes
La norma exige autorización judicial y ha recibido críticas de organizaciones de derechos humanos y de varios alcaldes, además de provocar protestas.
Publicado: 7 de noviembre de 2026, 07:46
El Parlamento de Bélgica ha aprobado una ley que permitirá a la policía entrar en domicilios para detener a migrantes en situación irregular. La medida, impulsada por el Gobierno de coalición de Bart De Wever, ha recibido el apoyo de los cinco grupos que forman la mayoría parlamentaria tras un debate de unas diez horas.
Las fuentes discrepan sobre los requisitos de aplicación. ABC señala que afectará a personas sujetas a una orden de expulsión o que puedan suponer una amenaza para el orden público y la seguridad nacional. La Vanguardia sostiene que la persona debe estar sujeta a una orden de deportación desobedecida y representar una amenaza para la seguridad nacional y el orden público. Por su parte, ara indica que solo se aplicará a migrantes que hayan ignorado previamente una orden de expulsión.
La ley reforma la norma belga de extranjería de 1980 y exige una orden de un juez de instrucción. La policía actuará acompañada por funcionarios de inmigración y podrá solicitar la ayuda de un cerrajero. Los registros podrán realizarse entre las cinco y las nueve de la mañana y también cuando haya menores en el domicilio. El partido centrista Les Engagés, integrante de la coalición, introdujo enmiendas para proteger a los menores; la formación Vlaams Belang se abstuvo al considerar la medida demasiado permisiva.
La ministra de Asilo y Migración, Anneleen Van Bossuyt, ha calificado la ley de histórica y ha rechazado que se trate de una persecución de las personas indocumentadas. Como ejemplos de posibles afectados, mencionó a violadores condenados que han cumplido sus penas y a predicadores del odio sin derecho de residencia. El Gobierno federal sostiene que la ley solo afectará a migrantes que supongan una amenaza para la seguridad y el orden público.
La oposición y organizaciones humanitarias han comparado la medida con las actuaciones de la agencia migratoria estadounidense ICE, una comparación que Van Bossuyt considera engañosa. Amnistía Internacional Bélgica sostiene que la ley equipara erróneamente la situación de indocumentado con la criminalidad. Otras organizaciones advierten de posibles vulneraciones de derechos constitucionales y de privacidad, así como del efecto que los registros podrían tener sobre las familias y las personas que prestan ayuda a migrantes.
Durante la aprobación fueron expulsados de la cámara baja activistas que mostraban una pancarta contra el llamado ICE belga. El miércoles por la noche, unas 3.000 personas formaron una cadena humana alrededor del Palacio de Justicia de Bruselas, y se han organizado más de 50 manifestaciones y concentraciones en localidades del país. Los alcaldes de Lovaina y Walhain han anunciado que se opondrán a los registros en sus municipios.
Un antecesor de Van Bossuyt, del mismo partido, ya intentó aprobar una iniciativa similar en 2017, pero encontró una fuerte oposición. La nueva ley se inscribe en los planes de la coalición de De Wever para limitar la inmigración.
La votación coincide con una crisis del Gobierno, en el poder desde febrero de 2025, por el fracaso de las negociaciones presupuestarias. El primer ministro presentó su dimisión el lunes ante el rey Felipe, después de que los cinco socios no lograran acordar recortes para reducir el déficit, que alcanzó el 5 % el año pasado. El monarca rechazó la dimisión este viernes y le encargó retomar las conversaciones y presentarle resultados el 16 de noviembre.
La iniciativa también llega después de que la Comisión, los países y el Parlamento Europeo dieran luz verde a un reglamento de retornos que abre la puerta a que otros países creen centros de migrantes fuera de la UE, amplía los periodos de detención, refuerza los controles policiales y permite enviar a menores a centros de expulsión.
Las fuentes discrepan sobre los requisitos de aplicación. ABC señala que afectará a personas sujetas a una orden de expulsión o que puedan suponer una amenaza para el orden público y la seguridad nacional. La Vanguardia sostiene que la persona debe estar sujeta a una orden de deportación desobedecida y representar una amenaza para la seguridad nacional y el orden público. Por su parte, ara indica que solo se aplicará a migrantes que hayan ignorado previamente una orden de expulsión.
La ley reforma la norma belga de extranjería de 1980 y exige una orden de un juez de instrucción. La policía actuará acompañada por funcionarios de inmigración y podrá solicitar la ayuda de un cerrajero. Los registros podrán realizarse entre las cinco y las nueve de la mañana y también cuando haya menores en el domicilio. El partido centrista Les Engagés, integrante de la coalición, introdujo enmiendas para proteger a los menores; la formación Vlaams Belang se abstuvo al considerar la medida demasiado permisiva.
La ministra de Asilo y Migración, Anneleen Van Bossuyt, ha calificado la ley de histórica y ha rechazado que se trate de una persecución de las personas indocumentadas. Como ejemplos de posibles afectados, mencionó a violadores condenados que han cumplido sus penas y a predicadores del odio sin derecho de residencia. El Gobierno federal sostiene que la ley solo afectará a migrantes que supongan una amenaza para la seguridad y el orden público.
La oposición y organizaciones humanitarias han comparado la medida con las actuaciones de la agencia migratoria estadounidense ICE, una comparación que Van Bossuyt considera engañosa. Amnistía Internacional Bélgica sostiene que la ley equipara erróneamente la situación de indocumentado con la criminalidad. Otras organizaciones advierten de posibles vulneraciones de derechos constitucionales y de privacidad, así como del efecto que los registros podrían tener sobre las familias y las personas que prestan ayuda a migrantes.
Durante la aprobación fueron expulsados de la cámara baja activistas que mostraban una pancarta contra el llamado ICE belga. El miércoles por la noche, unas 3.000 personas formaron una cadena humana alrededor del Palacio de Justicia de Bruselas, y se han organizado más de 50 manifestaciones y concentraciones en localidades del país. Los alcaldes de Lovaina y Walhain han anunciado que se opondrán a los registros en sus municipios.
Un antecesor de Van Bossuyt, del mismo partido, ya intentó aprobar una iniciativa similar en 2017, pero encontró una fuerte oposición. La nueva ley se inscribe en los planes de la coalición de De Wever para limitar la inmigración.
La votación coincide con una crisis del Gobierno, en el poder desde febrero de 2025, por el fracaso de las negociaciones presupuestarias. El primer ministro presentó su dimisión el lunes ante el rey Felipe, después de que los cinco socios no lograran acordar recortes para reducir el déficit, que alcanzó el 5 % el año pasado. El monarca rechazó la dimisión este viernes y le encargó retomar las conversaciones y presentarle resultados el 16 de noviembre.
La iniciativa también llega después de que la Comisión, los países y el Parlamento Europeo dieran luz verde a un reglamento de retornos que abre la puerta a que otros países creen centros de migrantes fuera de la UE, amplía los periodos de detención, refuerza los controles policiales y permite enviar a menores a centros de expulsión.