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Begoña Gómez defiende el papel de su asesora Cristina Álvarez en su declaración ante el juez Juan Carlos Peinado
La esposa del presidente argumenta que su asistente le ayuda de manera esporádica en su agenda personal y profesional en medio de una investigación judicial
Publicado: 2 de octubre de 2025, 12:26
En una reciente comparecencia ante el juez Juan Carlos Peinado, Begoña Gómez defendió el papel de su asesora, Cristina Álvarez, en medio de una investigación por posibles delitos de malversación y tráfico de influencias. Gómez aseguró que Álvarez le ha auxiliado de manera 'muy esporádica' y que su apoyo no ha afectado al desempeño laboral de la asesora. Durante la declaración, que tuvo lugar el 10 de septiembre, se abordaron las funciones que desempeñaba Álvarez, quien gestionaba la agenda de Gómez y coordinaba eventos, destacando que mantenía una relación de confianza con ella.
Gómez enfatizó que la ayuda que Álvarez brindaba era ocasional y relacionada con la organización de actividades tanto institucionales como personales. Aclaró que su asistente tenía acceso a su correo electrónico para desempeñar sus responsabilidades y que su participación no estaba vinculada a las acusaciones de malversación. La defensa de Gómez se centra en la idea de que las gestiones realizadas por Álvarez eran simples actividades derivadas de su relación personal, subrayando que han sido situaciones excepcionales y puntuales, mientras que el juez Peinado evalúa si llevar el asunto a juicio.
A medida que avanza la investigación, el juez ha decidido que la causa principal, que incluye la acusación de malversación, así como otros cuatro delitos como tráfico de influencias, apropiación indebida, corrupción en los negocios e intrusismo, será juzgada por un jurado popular. En un reciente auto, Peinado ha vinculado a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, como "pieza fundamental" de la que Begoña Gómez se habría aprovechado para cometer estos delitos, al considerar que su vínculo ha influido notablemente en la actuación de Gómez. La esposa del presidente español, junto con Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, ha sido citada a comparecer el próximo 6 de octubre para informarles de esta decisión.
El proceso ha estado marcado por cuestionamientos sobre la legalidad de la imputación y el uso de medios relacionados con la presidencia en actividades de la cátedra que Gómez coordina en la Universidad Complutense de Madrid. Los expertos han indicado que, dado que los delitos imputados tienen conexiones entre sí, es legítimo que se agrupen para su juzgamiento. A raíz de las conclusiones del juez, se ha indicado que las cartas de recomendación que Gómez proporcionó a Barrabés podrían haber influido en la adjudicación de contratos públicos, lo que ha incrementado las sospechas sobre su papel en las gestiones administrativas durante su tiempo al lado del presidente.
Gómez enfatizó que la ayuda que Álvarez brindaba era ocasional y relacionada con la organización de actividades tanto institucionales como personales. Aclaró que su asistente tenía acceso a su correo electrónico para desempeñar sus responsabilidades y que su participación no estaba vinculada a las acusaciones de malversación. La defensa de Gómez se centra en la idea de que las gestiones realizadas por Álvarez eran simples actividades derivadas de su relación personal, subrayando que han sido situaciones excepcionales y puntuales, mientras que el juez Peinado evalúa si llevar el asunto a juicio.
A medida que avanza la investigación, el juez ha decidido que la causa principal, que incluye la acusación de malversación, así como otros cuatro delitos como tráfico de influencias, apropiación indebida, corrupción en los negocios e intrusismo, será juzgada por un jurado popular. En un reciente auto, Peinado ha vinculado a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, como "pieza fundamental" de la que Begoña Gómez se habría aprovechado para cometer estos delitos, al considerar que su vínculo ha influido notablemente en la actuación de Gómez. La esposa del presidente español, junto con Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, ha sido citada a comparecer el próximo 6 de octubre para informarles de esta decisión.
El proceso ha estado marcado por cuestionamientos sobre la legalidad de la imputación y el uso de medios relacionados con la presidencia en actividades de la cátedra que Gómez coordina en la Universidad Complutense de Madrid. Los expertos han indicado que, dado que los delitos imputados tienen conexiones entre sí, es legítimo que se agrupen para su juzgamiento. A raíz de las conclusiones del juez, se ha indicado que las cartas de recomendación que Gómez proporcionó a Barrabés podrían haber influido en la adjudicación de contratos públicos, lo que ha incrementado las sospechas sobre su papel en las gestiones administrativas durante su tiempo al lado del presidente.