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Atentado contra Miguel Uribe Turbay enciende alarmas sobre la violencia política en Colombia a un año de las elecciones presidenciales
El senador y precandidato presidencial permanece en estado crítico tras un ataque que pone de manifiesto los problemas de seguridad en el país.
Publicado: 10 de junio de 2025, 04:41
El atentado sufrido por Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, el pasado fin de semana durante un mitin en el barrio de Fontibón, ha despertado una gran conmoción en Colombia y ha resaltado el problema persistente de la violencia política en el país. Uribe, quien recibió múltiples disparos, se encuentra actualmente en estado crítico en la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá.
La acción delictiva, perpetrada por un joven sicario de 14 años, ha llevado a una fuerte respuesta del gobierno y críticas hacia la administración del presidente Gustavo Petro, quien ha ofrecido garantías de seguridad a los candidatos pero es señalado por no haber garantizado adecuadamente la protección en un clima de creciente polarización. El autor del atentado, que afirmó haber actuado por razones económicas, fue detenido tras una breve persecución. Las autoridades han revelado que el menor, actualmente hospitalizado, había participado en un programa gubernamental para jóvenes en situación de riesgo, lo que añade un nuevo nivel de complejidad al caso. El presidente Petro ha confirmado que la familia de Uribe había solicitado previamente refuerzos de seguridad, petición que fue ignorada por la Unidad Nacional de Protección (UNP). La familia responsabiliza a la UNP por no priorizar la seguridad del senador, a pesar de que en 2023 se le había clasificado como individuo con “riesgo extraordinario”. Un debate sobre la manipulación de jóvenes en situaciones vulnerables para cometer actos violentos ha surgido en torno a este caso, lo que contribuye a la narrativa de una violencia institucionalizada en Colombia. Más de 800 líderes sociales y políticos han sido asesinados en Colombia entre 2021 y 2023, lo que subraya la crisis de violencia en el país. Este atentado ha revivido los ecos del magnicidio de Luis Carlos Galán en 1989, resaltando las similitudes en los esquemas de seguridad de ambos políticos. Se ha informado que el esquema de protección de Uribe se redujo drásticamente el mismo día del ataque, generando aún más cuestionamientos sobre las garantías que el Estado proporciona a sus figuras públicas. Las balas no solo intentaron callar a Miguel Uribe, buscaron silenciar una forma de pensar”, denuncia Freddy Pinzón, consejero de Paz, Reconciliación y Convivencia de la localidad de Santa Marta. Las investigaciones apuntan a un fenómeno más grande de violencia institucionalizada, mientras las voces de oposición critican al gobierno por su retórica y tratamiento hacia ellos. En el contexto de un ciclo electoral marcado por la violencia, se han reportado múltiples atentados en días recientes en varias regiones del país, con decenas de heridos y muertos. En la ciudad de Cali, varias explosiones dirigidas contra puestos policiales han dejado al menos cinco muertos y numerosos heridos, intensificando un clima de inestabilidad y miedo entre la población.
La acción delictiva, perpetrada por un joven sicario de 14 años, ha llevado a una fuerte respuesta del gobierno y críticas hacia la administración del presidente Gustavo Petro, quien ha ofrecido garantías de seguridad a los candidatos pero es señalado por no haber garantizado adecuadamente la protección en un clima de creciente polarización. El autor del atentado, que afirmó haber actuado por razones económicas, fue detenido tras una breve persecución. Las autoridades han revelado que el menor, actualmente hospitalizado, había participado en un programa gubernamental para jóvenes en situación de riesgo, lo que añade un nuevo nivel de complejidad al caso. El presidente Petro ha confirmado que la familia de Uribe había solicitado previamente refuerzos de seguridad, petición que fue ignorada por la Unidad Nacional de Protección (UNP). La familia responsabiliza a la UNP por no priorizar la seguridad del senador, a pesar de que en 2023 se le había clasificado como individuo con “riesgo extraordinario”. Un debate sobre la manipulación de jóvenes en situaciones vulnerables para cometer actos violentos ha surgido en torno a este caso, lo que contribuye a la narrativa de una violencia institucionalizada en Colombia. Más de 800 líderes sociales y políticos han sido asesinados en Colombia entre 2021 y 2023, lo que subraya la crisis de violencia en el país. Este atentado ha revivido los ecos del magnicidio de Luis Carlos Galán en 1989, resaltando las similitudes en los esquemas de seguridad de ambos políticos. Se ha informado que el esquema de protección de Uribe se redujo drásticamente el mismo día del ataque, generando aún más cuestionamientos sobre las garantías que el Estado proporciona a sus figuras públicas. Las balas no solo intentaron callar a Miguel Uribe, buscaron silenciar una forma de pensar”, denuncia Freddy Pinzón, consejero de Paz, Reconciliación y Convivencia de la localidad de Santa Marta. Las investigaciones apuntan a un fenómeno más grande de violencia institucionalizada, mientras las voces de oposición critican al gobierno por su retórica y tratamiento hacia ellos. En el contexto de un ciclo electoral marcado por la violencia, se han reportado múltiples atentados en días recientes en varias regiones del país, con decenas de heridos y muertos. En la ciudad de Cali, varias explosiones dirigidas contra puestos policiales han dejado al menos cinco muertos y numerosos heridos, intensificando un clima de inestabilidad y miedo entre la población.