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Antxon Alonso, figura central en el caso Koldo, declara en el Tribunal Supremo sobre su relación con el PSOE y la corrupción en Navarra
El empresario es señalado por su vínculo con Santos Cerdán y el presunto amaño en adjudicaciones públicas.
Publicado: 7 de julio de 2025, 12:30
Este lunes, Antxon Alonso, empresario y administrador de la compañía Servinabar, ha declarado ante el Tribunal Supremo en el contexto de la investigación del caso Koldo, un escándalo de corrupción que salpica a exdirigentes socialistas, incluyendo a Santos Cerdán, actualmente encarcelado. Durante su comparecencia, Alonso reafirmó su papel fundamental en el entramado que se acusa de haber canalizado sobornos a cambio de adjudicaciones de obra pública en Navarra.
La investigación por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) reveló que la empresa de Alonso, Servinabar, fue beneficiaria de varios contratos públicos, lo que suscitó dudas sobre la integridad de la adjudicación y la relación con figuras políticas. En su declaración, Alonso reconoció haber pagado un sueldo mensual a Koldo García, quien era asociado por su relación con Cerdán, a cambio de que este le presentara oportunidades de negocio de obra privada durante varios meses, antes de que García se convirtiera en asesor del Ministerio de Transportes en 2018. Otros miembros de la investigación, como Fernando Merino, exdirectivo de Acciona, también coincidieron en la declaración, ambos negando haber incurrido en prácticas corruptas y apuntando a la legalidad de todas las operaciones realizadas.
La tensión en el PSOE ha aumentado en torno al caso, y miembros del partido han expresado preocupaciones sobre el impacto de las acusaciones de corrupción en su imagen y futuro político. Además, Alonso admitió haber realizado una donación de 4.500 euros a la fundación Fiadelso, vinculada a José Luis Ábalos, justificando este acto como una medida fiscalmente deducible, y negó que Cerdán haya adquirido alguna participación en su empresa.
La Fiscalía ha solicitado medidas cautelares, incluyendo la prohibición de salir del país para Alonso y otros implicados, mientras las investigaciones continúan en torno a las obras cuestionadas. El juez del Supremo, Leopoldo Puente, ha impuesto medidas cautelares y ha señalado que tanto Alonso como Merino, quien también declaró, han sido obligados a comparecer cada 15 días y se les ha retirado el pasaporte. Ambos han negado cualquier tipo de corrupción, defendiendo que sus contratos y relaciones eran completamente legales.
La investigación por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) reveló que la empresa de Alonso, Servinabar, fue beneficiaria de varios contratos públicos, lo que suscitó dudas sobre la integridad de la adjudicación y la relación con figuras políticas. En su declaración, Alonso reconoció haber pagado un sueldo mensual a Koldo García, quien era asociado por su relación con Cerdán, a cambio de que este le presentara oportunidades de negocio de obra privada durante varios meses, antes de que García se convirtiera en asesor del Ministerio de Transportes en 2018. Otros miembros de la investigación, como Fernando Merino, exdirectivo de Acciona, también coincidieron en la declaración, ambos negando haber incurrido en prácticas corruptas y apuntando a la legalidad de todas las operaciones realizadas.
La tensión en el PSOE ha aumentado en torno al caso, y miembros del partido han expresado preocupaciones sobre el impacto de las acusaciones de corrupción en su imagen y futuro político. Además, Alonso admitió haber realizado una donación de 4.500 euros a la fundación Fiadelso, vinculada a José Luis Ábalos, justificando este acto como una medida fiscalmente deducible, y negó que Cerdán haya adquirido alguna participación en su empresa.
La Fiscalía ha solicitado medidas cautelares, incluyendo la prohibición de salir del país para Alonso y otros implicados, mientras las investigaciones continúan en torno a las obras cuestionadas. El juez del Supremo, Leopoldo Puente, ha impuesto medidas cautelares y ha señalado que tanto Alonso como Merino, quien también declaró, han sido obligados a comparecer cada 15 días y se les ha retirado el pasaporte. Ambos han negado cualquier tipo de corrupción, defendiendo que sus contratos y relaciones eran completamente legales.