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Antonio Garamendi critica la corrupción y los ataques institucionales que frenan la inversión en España
El presidente de la CEOE demanda un reconocimiento del papel de las empresas y estabilidad política para fomentar la confianza económica.
Publicado: 17 de julio de 2025, 07:12
En su intervención en la Asamblea de la CEOE, Antonio Garamendi ha denunciado que los casos de corrupción y los ataques a las instituciones ahuyentan las inversiones en España, generando un ambiente de desconfianza que perjudica la actividad económica. Garamendi destaca la necesidad de estabilidad política y el fortalecimiento de las instituciones para recuperar la confianza de los inversores, señalando que los empresarios son defensores de lo público y del Estado fuerte.
El presidente de la CEOE subraya que la corrupción perjudica la seguridad jurídica necesaria para las inversiones y hace que las empresas sean vistas como 'el sospechoso habitual'. Además, demanda que se reconozca el papel positivo de las empresas en la economía y reclama apoyo para los jueces y las fuerzas de seguridad en su labor contra la corrupción, resaltando que la independencia judicial es fundamental.
Garamendi también menciona la reciente decisión del Tribunal Supremo sobre la indemnización por despido improcedente, que puede reforzar la confianza en el sistema legal y critica cualquier cambio que amenace la independencia de las instituciones. Insta a abrir un diálogo sobre la financiación autonómica y otros temas cruciales que afectan la calidad de los servicios públicos.
El presidente de la CEOE subraya que la corrupción perjudica la seguridad jurídica necesaria para las inversiones y hace que las empresas sean vistas como 'el sospechoso habitual'. Además, demanda que se reconozca el papel positivo de las empresas en la economía y reclama apoyo para los jueces y las fuerzas de seguridad en su labor contra la corrupción, resaltando que la independencia judicial es fundamental.
Garamendi también menciona la reciente decisión del Tribunal Supremo sobre la indemnización por despido improcedente, que puede reforzar la confianza en el sistema legal y critica cualquier cambio que amenace la independencia de las instituciones. Insta a abrir un diálogo sobre la financiación autonómica y otros temas cruciales que afectan la calidad de los servicios públicos.