Progresista 100%Conservador 0%
Antonio Garamendi califica de "barbaridad" la obligación de las grandes empresas de atender en catalán
La propuesta, aceptada por el PSOE, genera controversia y puede afectar a empresas de más de 250 trabajadores.
Publicado: 18 de septiembre de 2025, 12:33
Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha manifestado su rotunda oposición a la propuesta de Junts, aceptada por el PSOE, que obligaría a las grandes empresas a atender a sus clientes en catalán si así lo solicitan. Durante el Foro Empresarial Egipto-España, Garamendi describió esta medida como una "barbaridad", advirtiendo que además del catalán, "también existe un idioma que se llama español". En declaraciones a los medios, Garamendi subrayó que esta propuesta podría generar un "coste más, un perjuicio más para las empresas", sobre todo para las pequeñas y medianas.
Garamendi también expresó sus preocupaciones sobre la capacidad de las empresas para adaptarse a esta normativa adicional en un contexto en que el Gobierno está negociando sobre la propuesta, que busca limitar su aplicación a las regiones donde hay idiomas cooficiales. El ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha comentado que se sigue trabajando en las implicaciones de esta ley, que podría restringir la obligación a las empresas de garantizar la atención en catalán, gallego o euskera únicamente en aquellas áreas donde estas lenguas son oficiales.
Mientras Junts defiende la propuesta como un avance hacia la normalización del uso de idiomas en España, Garamendi se mantiene crítico sobre su impacto en el sector empresarial, subrayando la necesidad de un análisis profundo sobre su viabilidad y consecuencias potenciales para toda España. Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha indicado que la inclusión de este requerimiento normaliza la riqueza de las lenguas, afectando a las compañías de servicios básicos y a cualquier empresa de más de 250 trabajadores o que facture más de 50 millones de euros.
Garamendi también expresó sus preocupaciones sobre la capacidad de las empresas para adaptarse a esta normativa adicional en un contexto en que el Gobierno está negociando sobre la propuesta, que busca limitar su aplicación a las regiones donde hay idiomas cooficiales. El ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha comentado que se sigue trabajando en las implicaciones de esta ley, que podría restringir la obligación a las empresas de garantizar la atención en catalán, gallego o euskera únicamente en aquellas áreas donde estas lenguas son oficiales.
Mientras Junts defiende la propuesta como un avance hacia la normalización del uso de idiomas en España, Garamendi se mantiene crítico sobre su impacto en el sector empresarial, subrayando la necesidad de un análisis profundo sobre su viabilidad y consecuencias potenciales para toda España. Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha indicado que la inclusión de este requerimiento normaliza la riqueza de las lenguas, afectando a las compañías de servicios básicos y a cualquier empresa de más de 250 trabajadores o que facture más de 50 millones de euros.