Andalucía presenta recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto de reubicación de menores migrantes no acompañados por falta de recursos y competencias

La Junta de Andalucía ha decidido interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional respecto al decreto ley 2/2025, que establece el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Esta decisión surge de la preocupación por la falta de financiación y la posible invasión de competencias del Gobierno central, dado que Andalucía debe asumir la responsabilidad de cerca de 800 menores en comparación con otras comunidades.

La Junta critica la falta de diálogo previo a la aprobación del decreto y cuestiona la urgencia del Gobierno para su implementación, considerando que ya existen mecanismos para abordar la crisis migratoria. Además, se unen a otras comunidades como Castilla-La Mancha y el Gobierno de Aragón en oposición al decreto, argumentando que necesita un financiamiento adecuado para garantizar la protección de menores.

Este recurso refleja las tensiones entre el Gobierno español y las comunidades autónomas en la gestión de la migración, así como los retos prácticos en la protección de menores en situaciones vulnerables, destacando la necesidad de asegurar recursos y diálogo entre administraciones.