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Andalucía enfrenta una crisis en el cribado del cáncer de mama: FACUA y precedentes judiciales anticipan indemnizaciones millonarias
La opacidad del Servicio Andaluz de Salud podría dar lugar a reclamaciones jurídicas por daños a más de 2.000 mujeres afectadas.
Publicado: 7 de octubre de 2025, 07:01
La reciente crisis por la negligencia en el cribado del cáncer de mama en Andalucía ha generado un profundo malestar entre las mujeres afectadas y ha suscitado la atención de organizaciones de consumidores. FACUA ha iniciado una plataforma para que las mujeres cuenten sus casos y se sumen a las acciones legales que estén por venir, evidenciando la necesidad de respuestas claras y transparencia en los protocolos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
El SAS, que inicialmente minimizó la gravedad del asunto, ahora enfrenta una investigación por parte de la Fiscalía Superior de Andalucía sobre los retrasos en el programa de detección del cáncer de mama, que, según se ha admitido, en algunos casos han superado los dos años en el diagnóstico de la enfermedad con informes de que hay varias mujeres muertas ya por estos retrasos. La falta de información y control sobre los resultados de las mamografías ha llevado a muchas mujeres a un agravamiento de su enfermedad debido a retrasos en el diagnóstico, generando un ambiente crítico en el que FACUA busca recopilar información y estructurar demandas de indemnización.
Los antecedentes judiciales sugieren que las indemnizaciones por retrasos en diagnósticos de cáncer pueden superar los 100.000 euros, lo que plantea un escenario complicado para el SAS. En este contexto, la presidenta de la asociación Amama, Ángela Claverol, ha confirmado la presentación de una demanda colectiva y ha denunciado que la falta de seguimiento ha expuesto a las mujeres afectadas a un riesgo grave para su salud, lo que podría llevar a diagnósticos tardíos y, en consecuencia, tratamientos más invasivos. También ha enfatizado que no hay quejas sobre los profesionales sanitarios, sino sobre la administración del SAS, subrayando que las mujeres afectadas están sufriendo efectos devastadores.
La ministra de Sanidad ha solicitado informes sobre la situación, mientras que las denuncias presentadas por Izquierda Unida y Adelante Andalucía contra varios miembros del gobierno andaluz apuntan a homicidio imprudente y lesiones imprudentes, evidenciando el impacto crítico de la gestión de salud en los casos de cáncer. Este escándalo, que ha activado un frente judicial, podría tener un efecto dominó significativo en la política sanitaria y la responsabilidad atribuida a las autoridades competentes. Además, el gobierno andaluz ha admitido que 2.000 mujeres tienen diagnósticos previos no concluyentes y han quedado sin seguimiento. Los analistas legales sugieren que hay indicios sólidos para responsabilizar penalmente a quienes han estado implicados en esta crisis.
El SAS, que inicialmente minimizó la gravedad del asunto, ahora enfrenta una investigación por parte de la Fiscalía Superior de Andalucía sobre los retrasos en el programa de detección del cáncer de mama, que, según se ha admitido, en algunos casos han superado los dos años en el diagnóstico de la enfermedad con informes de que hay varias mujeres muertas ya por estos retrasos. La falta de información y control sobre los resultados de las mamografías ha llevado a muchas mujeres a un agravamiento de su enfermedad debido a retrasos en el diagnóstico, generando un ambiente crítico en el que FACUA busca recopilar información y estructurar demandas de indemnización.
Los antecedentes judiciales sugieren que las indemnizaciones por retrasos en diagnósticos de cáncer pueden superar los 100.000 euros, lo que plantea un escenario complicado para el SAS. En este contexto, la presidenta de la asociación Amama, Ángela Claverol, ha confirmado la presentación de una demanda colectiva y ha denunciado que la falta de seguimiento ha expuesto a las mujeres afectadas a un riesgo grave para su salud, lo que podría llevar a diagnósticos tardíos y, en consecuencia, tratamientos más invasivos. También ha enfatizado que no hay quejas sobre los profesionales sanitarios, sino sobre la administración del SAS, subrayando que las mujeres afectadas están sufriendo efectos devastadores.
La ministra de Sanidad ha solicitado informes sobre la situación, mientras que las denuncias presentadas por Izquierda Unida y Adelante Andalucía contra varios miembros del gobierno andaluz apuntan a homicidio imprudente y lesiones imprudentes, evidenciando el impacto crítico de la gestión de salud en los casos de cáncer. Este escándalo, que ha activado un frente judicial, podría tener un efecto dominó significativo en la política sanitaria y la responsabilidad atribuida a las autoridades competentes. Además, el gobierno andaluz ha admitido que 2.000 mujeres tienen diagnósticos previos no concluyentes y han quedado sin seguimiento. Los analistas legales sugieren que hay indicios sólidos para responsabilizar penalmente a quienes han estado implicados en esta crisis.