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Ana Redondo defiende la eficacia de las pulseras antimaltrato mientras enfrenta críticas sobre su gestión y contradicciones en las afirmaciones.

La ministra de Igualdad asegura que no ha habido fallos en el sistema, pero informes judiciales indican problemas significativos con las pulseras.

Publicado: 26 de octubre de 2025, 12:53

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha estado en el centro de un intenso debate sobre la eficacia de las pulseras telemáticas destinadas a proteger a las víctimas de violencia machista. En respuesta a las alertas de la Fiscalía sobre fallos en el sistema, Redondo ha defendido la gestión de su ministerio, argumentando que 'las pulseras y los dispositivos han funcionado en todo momento'. Sin embargo, la situación es más compleja, ya que mientras ella subraya la falta de datos, informes judiciales documentan problemas críticos de funcionamiento que afectan la seguridad de las víctimas. A raíz de la publicación de la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024, que detalla fallos en las pulseras, Redondo ha incurrido en contradicciones al defender su gestión. A pesar de que la ministra ha insistido en la efectividad de las pulseras, la Fiscalía de 2024 reveló que agresores pueden quitarse las pulseras sin alertar y existen imprecisiones en el GPS, lo que genera dudas sobre la seguridad del sistema. Redondo también ha reconocido que la alerta de la Fiscalía pudo generar en muchas mujeres dudas, zozobra y miedo. Además, las contradicciones en las afirmaciones de Redondo fueron amplificadas por información sobre retrasos en la migración de datos que complicaron la situación, sugiriendo una respuesta del Ministerio que podría no ser completamente transparente. La ministra ha propuesto además reformas que incluyen ajustes en el protocolo de aviso a víctimas, para que no sean alertadas ante la mínima activación del dispositivo. Su enfoque también incluye la creación de una ley que sancione más severamente a proxenetas y aborde temas relacionados con la pornografía en línea. Esta información reafirma la necesidad de medidas efectivas para proteger a las víctimas, mientras la discusión sobre la implementación de las pulseras continúa en el debate público.