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Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato de Gabriel Cruz, se convierte en 'perjudicada' en un caso de corrupción carcelaria
La Audiencia de Ávila permite que Quezada ejerza como acusación particular tras su apelación, en un caso que involucra a funcionarios penitenciarios.
Publicado: 19 de septiembre de 2025, 20:26
Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del niño Gabriel Cruz en 2018, ha generado nuevas controversias tras ser reconocida como 'perjudicada' por la Audiencia Provincial de Ávila en un caso que investiga supuestos tratos de favor a cambio de sexo por parte de dos funcionarios del centro penitenciario de Brieva. Esta decisión le permite a Quezada personarse como acusación particular en el procedimiento.
La historia ha tomado un giro significativo desde que Quezada inicialmente fue considerada solo como testigo en el caso. Se la investiga por haber mantenido relaciones sexuales con un funcionario y un cocinero de la prisión, quienes supuestamente le ofrecieron favores a cambio de estas interacciones. El tribunal argumentó que su condición de 'sujeto pasivo' en los delitos de cohecho justifica el reconocimiento de su estatus como 'perjudicada'.
Por otro lado, la madre del pequeño Gabriel, Patricia Ramírez, ha denunciado que Quezada utilizó un teléfono móvil no permitido para realizar entrevistas con el fin de producir un documental sobre su vida en prisión, lo que ha generado indignación y ha puesto en cuestión los derechos de los acusadores en este proceso judicial. La decisión del tribunal es vista como una compleja intersección de la ley y la manipulación de relaciones de poder en el sistema penitenciario español.
La historia ha tomado un giro significativo desde que Quezada inicialmente fue considerada solo como testigo en el caso. Se la investiga por haber mantenido relaciones sexuales con un funcionario y un cocinero de la prisión, quienes supuestamente le ofrecieron favores a cambio de estas interacciones. El tribunal argumentó que su condición de 'sujeto pasivo' en los delitos de cohecho justifica el reconocimiento de su estatus como 'perjudicada'.
Por otro lado, la madre del pequeño Gabriel, Patricia Ramírez, ha denunciado que Quezada utilizó un teléfono móvil no permitido para realizar entrevistas con el fin de producir un documental sobre su vida en prisión, lo que ha generado indignación y ha puesto en cuestión los derechos de los acusadores en este proceso judicial. La decisión del tribunal es vista como una compleja intersección de la ley y la manipulación de relaciones de poder en el sistema penitenciario español.