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Ana Julia Quezada amenaza con difundir vídeos sexuales para obtener un traslado penitenciario en juicio por corrupción
La condenada por el asesinato del pequeño Gabriel enfrenta acusaciones de chantaje a funcionarios y de recibir trato privilegiado en prisión.
Publicado: 28 de junio de 2025, 12:45
En un nuevo capítulo del juicio a Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz, se ha observado una trama de corrupción y chantaje en la cárcel de Brieva. Quezada supuestamente amenazó a funcionarios con hacer públicos vídeos comprometedores para conseguir trato preferencial y un traslado a otra prisión. Este comportamiento ha generado preocupaciones sobre el trato que recibe en prisión y la manipulación del sistema penitenciario en su favor.
Los testimonios en el juicio han revelado que Quezada mantenía relaciones inapropiadas con empleados del centro, a cambio de favores como el acceso a teléfonos móviles. El testimonio de un cocinero y un educador ha puesto de manifiesto la gravedad de la situación, con acusaciones de chantaje y amenazas hacia la madre del niño asesinado, que han incrementado la tensión en el caso.
La situación ha levantado alarmas sobre la integridad del sistema penitenciario y ha llevado a la madre de Gabriel a solicitar medidas más severas contra Quezada. La atención mediática y pública sobre el caso continúa creciendo, impulsando una necesidad urgente de inspeccionar las prácticas en las cárceles y la protección de los involucrados.
Los testimonios en el juicio han revelado que Quezada mantenía relaciones inapropiadas con empleados del centro, a cambio de favores como el acceso a teléfonos móviles. El testimonio de un cocinero y un educador ha puesto de manifiesto la gravedad de la situación, con acusaciones de chantaje y amenazas hacia la madre del niño asesinado, que han incrementado la tensión en el caso.
La situación ha levantado alarmas sobre la integridad del sistema penitenciario y ha llevado a la madre de Gabriel a solicitar medidas más severas contra Quezada. La atención mediática y pública sobre el caso continúa creciendo, impulsando una necesidad urgente de inspeccionar las prácticas en las cárceles y la protección de los involucrados.