Progresista 46.1%Conservador 53.9%
Álvaro García Ortiz recurre la fianza impuesta por el juez Hurtado en el caso de filtración contra el novio de Ayuso
La Abogacía del Estado solicita la anulación de la fianza o su reducción a 75.000 euros por considerarla inconstitucional.
Publicado: 18 de septiembre de 2025, 07:01
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado un recurso ante la Sala de Apelación del Tribunal Supremo (TS) con el fin de anular la fianza de 75.000 euros impuesta por el juez Ángel Hurtado relacionada con la supuesta filtración de datos fiscales de Alberto González Amador, quien es pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Inicialmente, el juez Hurtado fijó la fianza en 150.000 euros, cifra que fue rebajada tras reconocer que se había cometido un error en su cálculo.
La Abogacía del Estado argumenta que conforme a la Ley de Asistencia Jurídica al Estado, los organismos del Estado están exentos de presentar garantías, lo que sustenta su solicitud de anulación de la fianza. En caso de que el tribunal no acepte esta petición, piden que se reduzca la fianza a 75.000 euros. La defensa de García Ortiz cuestiona la existencia de daños morales reales para González Amador, quien incluso había solicitado que se elevará la fianza a 300.000 euros debido a daños a su reputación.
Este proceso judicial ha atraído la atención mediática y política debido a la implicación de figuras públicas y la naturaleza del delito que se le imputa al fiscal general. Recientemente, la situación ha sido puesta en contexto respecto a otros casos judiciales en los que la difusión no consentida de contenido privado ha sido también objeto de juicio, como el de Raúl Asencio y otros futbolistas del Real Madrid, quienes enfrentan cargos por la grabación y difusión de vídeos sexuales. El juez del caso ha impuesto fianzas de 20.000 euros para los acusados, excepto para Asencio, quien debe aportar 15.000 euros debido a su menor grado de implicación. El asunto sigue en una fase crítica, con la Sala de Apelaciones del TS teniendo que decidir sobre la fianza y los detalles del juicio, que aún están por definirse.
La Abogacía del Estado argumenta que conforme a la Ley de Asistencia Jurídica al Estado, los organismos del Estado están exentos de presentar garantías, lo que sustenta su solicitud de anulación de la fianza. En caso de que el tribunal no acepte esta petición, piden que se reduzca la fianza a 75.000 euros. La defensa de García Ortiz cuestiona la existencia de daños morales reales para González Amador, quien incluso había solicitado que se elevará la fianza a 300.000 euros debido a daños a su reputación.
Este proceso judicial ha atraído la atención mediática y política debido a la implicación de figuras públicas y la naturaleza del delito que se le imputa al fiscal general. Recientemente, la situación ha sido puesta en contexto respecto a otros casos judiciales en los que la difusión no consentida de contenido privado ha sido también objeto de juicio, como el de Raúl Asencio y otros futbolistas del Real Madrid, quienes enfrentan cargos por la grabación y difusión de vídeos sexuales. El juez del caso ha impuesto fianzas de 20.000 euros para los acusados, excepto para Asencio, quien debe aportar 15.000 euros debido a su menor grado de implicación. El asunto sigue en una fase crítica, con la Sala de Apelaciones del TS teniendo que decidir sobre la fianza y los detalles del juicio, que aún están por definirse.