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Alejandro Gil, exministro de Economía en Cuba, condenado a cadena perpetua por espionaje y corrupción, un hito en la política cubana.
La severidad de la sentencia refleja la lucha del régimen cubano contra la corrupción en medio de una crisis económica.
Publicado: 9 de diciembre de 2025, 16:14
El exministro cubano de Economía y Planificación, Alejandro Gil, ha sido sentenciado a cadena perpetua por el Tribunal Supremo Popular de Cuba, hallado culpable de espionaje, corrupción y cohecho. La condena, divulgada el 9 de diciembre de 2025, se enmarca en un contexto político marcado por la crisis económica y la presión del régimen para combatir la corrupción. Gil, que fue una figura clave en el gabinete del presidente Miguel Díaz-Canel, enfrentó juicios desde el 11 de noviembre de 2025, donde se revelaron sus delitos relacionados con la protección de información oficial y actividades ilegales.
Durante un segundo juicio, se enfrentó a cargos adicionales que le impusieron 20 años más a su cadena perpetua. La severidad de la sentencia indica un cambio en la estrategia del gobierno cubano frente a la corrupción, en momentos donde la sociedad enfrenta alta inflación y escasez de productos. Las autoridades han declarado que la traición a la patria es un crimen grave, y su condena es un mensaje claro del régimen contra la corrupción interna.
La caída de Gil, conocido por su papel en una reforma económica fallida, cuestiona la efectividad de las políticas implementadas en la isla y puede tener repercusiones significativas en la política y economía cubana.
Durante un segundo juicio, se enfrentó a cargos adicionales que le impusieron 20 años más a su cadena perpetua. La severidad de la sentencia indica un cambio en la estrategia del gobierno cubano frente a la corrupción, en momentos donde la sociedad enfrenta alta inflación y escasez de productos. Las autoridades han declarado que la traición a la patria es un crimen grave, y su condena es un mensaje claro del régimen contra la corrupción interna.
La caída de Gil, conocido por su papel en una reforma económica fallida, cuestiona la efectividad de las políticas implementadas en la isla y puede tener repercusiones significativas en la política y economía cubana.