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Alberto Luceño recurre su condena por el caso de las mascarillas argumentando falta de intención de defraudar
La defensa sostiene que la condena contraviene sus derechos y se basa en un error en la forma de tributar
Publicado: 12 de abril de 2025, 20:39
El empresario Alberto Luceño ha presentado un recurso contra la sentencia que lo condenó a una pena de tres años y ocho meses de prisión, además de una multa de 3,5 millones de euros, por un delito contra la Hacienda Pública en el contexto del caso de las mascarillas. Esta condena también incluye una indemnización adicional a la Agencia Tributaria por un valor de 1,3 millones de euros. La defensa argumenta que Luceño no actuó con intención de defraudar al fisco y que incurrió en un error en la forma de tributar.
El recurso se suma al presentado por la Fiscalía, que pide que Luceño sea condenado por un delito de estafa al Ayuntamiento de Madrid. La defensa de Luceño sostiene que los hechos probados en la sentencia son el resultado de un error en la valoración de la prueba y que nunca tuvo intención de ocultar su operación, haciendo visibles sus vínculos con la empresa Takamaka, que estaba en formación en el momento de la transacción. Además, se argumenta que la operación de entrada y registro en su domicilio fue desproporcionada y vulneró sus derechos fundamentales.
A medida que el caso avanza, se observará cómo se desarrollan el recurso de Luceño y la apelación de la Fiscalía, planteando importantes cuestiones sobre la interpretación de las leyes y la aplicación de justicia en casos de fraudes fiscales en España.
El recurso se suma al presentado por la Fiscalía, que pide que Luceño sea condenado por un delito de estafa al Ayuntamiento de Madrid. La defensa de Luceño sostiene que los hechos probados en la sentencia son el resultado de un error en la valoración de la prueba y que nunca tuvo intención de ocultar su operación, haciendo visibles sus vínculos con la empresa Takamaka, que estaba en formación en el momento de la transacción. Además, se argumenta que la operación de entrada y registro en su domicilio fue desproporcionada y vulneró sus derechos fundamentales.
A medida que el caso avanza, se observará cómo se desarrollan el recurso de Luceño y la apelación de la Fiscalía, planteando importantes cuestiones sobre la interpretación de las leyes y la aplicación de justicia en casos de fraudes fiscales en España.