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Alberto González Amador solicita al Supremo una fianza de 300.000 euros para el fiscal general por daños morales continuos
La pareja de Ayuso argumenta que la cantidad inicial de 150.000 euros es insuficiente ante el daño reputacional sufrido.
Publicado: 15 de septiembre de 2025, 19:33
Alberto González Amador, actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha interpuesto un recurso al Tribunal Supremo para que se eleve la fianza del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de 150.000 euros a 300.000 euros en un caso relacionado con la revelación de secretos. González Amador sostiene que los daños morales sufridos, así como el impacto en su familia, justifican esta solicitud por su consideración y la constante afectación a su reputación desde la filtración de detalles sobre su confesión de fraude fiscal.
En su argumentación, González Amador menciona que desde marzo de 2024 ha sido objeto de continuas denigraciones en los medios, lo que ha causado perjuicios personales y profesionales. También destaca la necesidad de 300.000 euros no solo como compensación por el daño ya sufrido, sino en respuesta a una situación que sigue empeorando. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) apoya decisiones adicionales en el caso y considera crucial la suspensión del fiscal general mientras se lleva a cabo el proceso judicial para evitar conflictos de interés.
Sin embargo, el fiscal general Álvaro García Ortiz ha depositado recientemente la fianza de 150.000 euros que le fue impuesta por el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado para evitar un posible embargo, ya que no contaba con la suma en efectivo y ha usado parte de su patrimonio como aval para asegurar su obligación en el juicio por la filtración de información sobre el caso de fraude de González Amador. Esta acción se realiza en un momento en que el juez Hurtado ha decidido rebajar la fianza a 75.000 euros, tras corregir un error al incluir la posible multa en la cifra original. La decisión se tomó después de que García Ortiz hubiera presentado el aval inmobiliario correspondiente para las responsabilidades pecuniarias.
Con todo, la defensa de González Amador sigue considerando insuficiente esta cantidad y ha insistido en que los daños morales reclamados deben ser valorados en 300.000 euros, argumentando que la vulneración de sus derechos fundamentales ha sido especialmente intensa y continúa con efectos negativos sobre su reputación. La decisión del Tribunal Supremo en esta solicitud podría establecer un precedente significativo en los casos de filtraciones de información y sus repercusiones en los funcionarios públicos, en un contexto de presión política y mediática muy evidente en torno al caso. APIF también ha pedido que se reconsidere la negativa de suspender cautelarmente al fiscal general mientras se lleva a cabo el juicio. La previsión del Tribunal Supremo es que el juicio contra García Ortiz se celebre a finales del próximo mes de noviembre.
En su argumentación, González Amador menciona que desde marzo de 2024 ha sido objeto de continuas denigraciones en los medios, lo que ha causado perjuicios personales y profesionales. También destaca la necesidad de 300.000 euros no solo como compensación por el daño ya sufrido, sino en respuesta a una situación que sigue empeorando. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) apoya decisiones adicionales en el caso y considera crucial la suspensión del fiscal general mientras se lleva a cabo el proceso judicial para evitar conflictos de interés.
Sin embargo, el fiscal general Álvaro García Ortiz ha depositado recientemente la fianza de 150.000 euros que le fue impuesta por el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado para evitar un posible embargo, ya que no contaba con la suma en efectivo y ha usado parte de su patrimonio como aval para asegurar su obligación en el juicio por la filtración de información sobre el caso de fraude de González Amador. Esta acción se realiza en un momento en que el juez Hurtado ha decidido rebajar la fianza a 75.000 euros, tras corregir un error al incluir la posible multa en la cifra original. La decisión se tomó después de que García Ortiz hubiera presentado el aval inmobiliario correspondiente para las responsabilidades pecuniarias.
Con todo, la defensa de González Amador sigue considerando insuficiente esta cantidad y ha insistido en que los daños morales reclamados deben ser valorados en 300.000 euros, argumentando que la vulneración de sus derechos fundamentales ha sido especialmente intensa y continúa con efectos negativos sobre su reputación. La decisión del Tribunal Supremo en esta solicitud podría establecer un precedente significativo en los casos de filtraciones de información y sus repercusiones en los funcionarios públicos, en un contexto de presión política y mediática muy evidente en torno al caso. APIF también ha pedido que se reconsidere la negativa de suspender cautelarmente al fiscal general mientras se lleva a cabo el juicio. La previsión del Tribunal Supremo es que el juicio contra García Ortiz se celebre a finales del próximo mes de noviembre.