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Alberto González Amador, pareja de Ayuso, busca evitar la cárcel tras filtraciones de su confesión fiscal ante el Supremo
Declaraciones en el Tribunal Supremo revelan nuevos detalles sobre la situación legal de González Amador y sus intentos de acuerdo con la Fiscalía
Publicado: 4 de noviembre de 2025, 22:55
Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra en el centro de un contencioso judicial por la filtración de un correo electrónico que contenía su confesión sobre la comisión de dos delitos fiscales. Este martes, en la segunda jornada de declaraciones ante el Tribunal Supremo, González Amador ha manifestado su intención de cerrar el caso 'rápido y sin ruido' para no perjudicar la imagen pública de su pareja.
Durante su testimonio, González Amador expuso que sospechaba que la inspección de Hacienda que se le abrió estaba ligada a su relación con Ayuso. Aseguró que nunca pretendió que su situación afectara a ella, motivo por el cual deseaba que el procedimiento se resolviera de forma ágil. González Amador también se mostró indignado tras el proceso de filtración del correo, acusando al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de haberlo 'matado públicamente' al revelar su situación ante el público español.
Mientras tanto, la situación se complica aún más, ya que el ex líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, y la secretaria de organización, Pilar Sánchez Acera, han declarado que recibieron un documento con la confesión de González Amador antes de su difusión mediática, y han negado que proviniera de una filtración gubernamental. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete del Gobierno de la Comunidad de Madrid, defendió a González Amador diciendo que su cliente solo buscaba un acuerdo con Hacienda por su reputación y que no deseaba llevar el caso a los tribunales. Esta postura contrasta con el fiscal asignado al caso, Diego Lucas, quien aclaró que, a pesar de la filtración, el derecho de defensa de González Amador no se había visto comprometido.
El juicio ha visto declaraciones de varios testigos que vinculan la filtración del correo a la política, incluyendo al ex líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato. Lobato enfatizó que la entrega del documento no obedeció a una indicación de Moncloa y que no conocía a nadie en la Fiscalía que pudiera haber organizado dicha filtración. El círculo de acusaciones ha observado a Miguel Ángel Rodríguez intentando justificar su difusión de información incorrecta, sugiriendo que fue una 'deducción lógica' derivada de su evaluación de la situación.
Alberto González Amador reiteró en su declaración que el daño causado a su vida personal y profesional es incalculable, manifestando que considera la posibilidad de abandonar España o incluso de atentar contra su vida debido a la presión mediática y judicial que enfrenta. Rodríguez ha tenido que defenderse al ser cuestionado sobre cómo su actuación no solo contribuyó a la crisis personal de González Amador, sino también a su tendencia a manipular la información en beneficio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Todo esto se desarrolla en un contexto en el que la crisis política, sumada al juicio en curso, ha proyectado una sombra sobre la legitimidad del manejo periodístico de la situación.
Durante su testimonio, González Amador expuso que sospechaba que la inspección de Hacienda que se le abrió estaba ligada a su relación con Ayuso. Aseguró que nunca pretendió que su situación afectara a ella, motivo por el cual deseaba que el procedimiento se resolviera de forma ágil. González Amador también se mostró indignado tras el proceso de filtración del correo, acusando al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de haberlo 'matado públicamente' al revelar su situación ante el público español.
Mientras tanto, la situación se complica aún más, ya que el ex líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, y la secretaria de organización, Pilar Sánchez Acera, han declarado que recibieron un documento con la confesión de González Amador antes de su difusión mediática, y han negado que proviniera de una filtración gubernamental. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete del Gobierno de la Comunidad de Madrid, defendió a González Amador diciendo que su cliente solo buscaba un acuerdo con Hacienda por su reputación y que no deseaba llevar el caso a los tribunales. Esta postura contrasta con el fiscal asignado al caso, Diego Lucas, quien aclaró que, a pesar de la filtración, el derecho de defensa de González Amador no se había visto comprometido.
El juicio ha visto declaraciones de varios testigos que vinculan la filtración del correo a la política, incluyendo al ex líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato. Lobato enfatizó que la entrega del documento no obedeció a una indicación de Moncloa y que no conocía a nadie en la Fiscalía que pudiera haber organizado dicha filtración. El círculo de acusaciones ha observado a Miguel Ángel Rodríguez intentando justificar su difusión de información incorrecta, sugiriendo que fue una 'deducción lógica' derivada de su evaluación de la situación.
Alberto González Amador reiteró en su declaración que el daño causado a su vida personal y profesional es incalculable, manifestando que considera la posibilidad de abandonar España o incluso de atentar contra su vida debido a la presión mediática y judicial que enfrenta. Rodríguez ha tenido que defenderse al ser cuestionado sobre cómo su actuación no solo contribuyó a la crisis personal de González Amador, sino también a su tendencia a manipular la información en beneficio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Todo esto se desarrolla en un contexto en el que la crisis política, sumada al juicio en curso, ha proyectado una sombra sobre la legitimidad del manejo periodístico de la situación.