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Al menos 64 muertos y 81 detenidos en la mayor operación policial contra el narcotráfico en Río de Janeiro
El gobernador Cláudio Castro solicita ayuda a las Fuerzas Armadas tras la ofensiva contra el Comando Vermelho en las favelas de la ciudad.
Publicado: 28 de octubre de 2025, 20:21
Este martes, una operación policial sin precedentes en Río de Janeiro ha dejado un saldo dramático de al menos 64 muertos y 81 detenidos, convirtiéndose en la más letal de la historia de la ciudad. El operativo, que movilizó a más de 2.500 agentes, tuvo como objetivo desarticular el Comando Vermelho, una de las bandas de narcotráfico más poderosas del país, centrando sus acciones en los complejos de favelas de Penha y Alemão.
El contexto de esta operación es especialmente tenso, ya que ocurre días antes de la Cumbre Mundial de Alcaldes y el Premio Earthshot. La resistencia de los delincuentes, que han utilizado drones artillados, ha agravado la situación. Con varios fallecidos, incluyendo agentes de policía, y imágenes de violencia extrema, los residentes han reportado un ambiente caótico. Este operativo, que ya afecta a más de 200,000 personas y ha interrumpido servicios básicos, plantea serias preguntas sobre el uso de la fuerza estatal y los derechos humanos en un contexto de violencia sistemática.
Además, en la madrugada de este miércoles, más de 50 cuerpos fueron trasladados a la plaza São Lucas de la comunidad, hallados en una zona boscosa entre los complejos del Alemão y de la Penha, donde tuvo lugar la operación. Si bien la cifra oficial de muertes es 64, se estima que podría elevarse a más de 120. Los cadáveres fueron trasladados por residentes sin ayuda del gobierno, lo que ha despertado preocupación y reclamos de organizaciones de derechos humanos, quienes piden la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La abogada Flávia Fróes, quien estuvo presente durante la retirada de los cuerpos, declaró que varios presentaban “marcas de disparos en la nuca, puñaladas en la espalda y heridas en las piernas”. Además, la situación ha llevado a los ciudadanos a expresar su indignación y miedo, siendo vista la intervención policial como “la mayor masacre de la historia de Río de Janeiro”.
El gobernador Cláudio Castro ha enfatizado la necesidad de apoyo federal, pidiendo ayuda a las Fuerzas Armadas para enfrentar lo que define como una guerra contra el narcotráfico. La operación actual se considera más letal que la de Jacarezinho en 2021 y evidencia los persistentes desafíos del gobierno estatal en cuestiones de seguridad. Las autoridades han confirmado el fallecimiento de al menos cuatro policías durante el operativo. Sin embargo, el número total de víctimas podría ser mayor, ya que se han encontrado cuerpos adicionales que no están incluidos en el balance oficial.
Las calles de Río de Janeiro han estado desiertas debido a la tensión reinante tras esta masacre, dejando a muchos residentes en estado de shock y con miedo a salir de sus hogares. Este ambiente de miedo y desconfianza prevé un futuro incierto para la lucha contra el narcotráfico y la propia seguridad de la población.
El contexto de esta operación es especialmente tenso, ya que ocurre días antes de la Cumbre Mundial de Alcaldes y el Premio Earthshot. La resistencia de los delincuentes, que han utilizado drones artillados, ha agravado la situación. Con varios fallecidos, incluyendo agentes de policía, y imágenes de violencia extrema, los residentes han reportado un ambiente caótico. Este operativo, que ya afecta a más de 200,000 personas y ha interrumpido servicios básicos, plantea serias preguntas sobre el uso de la fuerza estatal y los derechos humanos en un contexto de violencia sistemática.
Además, en la madrugada de este miércoles, más de 50 cuerpos fueron trasladados a la plaza São Lucas de la comunidad, hallados en una zona boscosa entre los complejos del Alemão y de la Penha, donde tuvo lugar la operación. Si bien la cifra oficial de muertes es 64, se estima que podría elevarse a más de 120. Los cadáveres fueron trasladados por residentes sin ayuda del gobierno, lo que ha despertado preocupación y reclamos de organizaciones de derechos humanos, quienes piden la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La abogada Flávia Fróes, quien estuvo presente durante la retirada de los cuerpos, declaró que varios presentaban “marcas de disparos en la nuca, puñaladas en la espalda y heridas en las piernas”. Además, la situación ha llevado a los ciudadanos a expresar su indignación y miedo, siendo vista la intervención policial como “la mayor masacre de la historia de Río de Janeiro”.
El gobernador Cláudio Castro ha enfatizado la necesidad de apoyo federal, pidiendo ayuda a las Fuerzas Armadas para enfrentar lo que define como una guerra contra el narcotráfico. La operación actual se considera más letal que la de Jacarezinho en 2021 y evidencia los persistentes desafíos del gobierno estatal en cuestiones de seguridad. Las autoridades han confirmado el fallecimiento de al menos cuatro policías durante el operativo. Sin embargo, el número total de víctimas podría ser mayor, ya que se han encontrado cuerpos adicionales que no están incluidos en el balance oficial.
Las calles de Río de Janeiro han estado desiertas debido a la tensión reinante tras esta masacre, dejando a muchos residentes en estado de shock y con miedo a salir de sus hogares. Este ambiente de miedo y desconfianza prevé un futuro incierto para la lucha contra el narcotráfico y la propia seguridad de la población.