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Agresión sexual a psicóloga en prisión de Sevilla revela fallos graves en la gestión penitenciaria y provocan críticas de sindicatos
Un recluso con antecedentes de violencia agredió a una psicóloga, lo que desata demandas urgentes de reforma en las condiciones de seguridad.
Publicado: 9 de julio de 2025, 19:25
En una alarmante situación, una psicóloga del centro penitenciario de Sevilla II fue víctima de una brutal agresión sexual a manos de un recluso que tiene antecedentes de delitos sexuales. Este incidente ha generado críticas profundas hacia la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, que había clasificado al agresor en un módulo de respeto, lo que revela fallos estructurales en la gestión de los reclusos.
Los sindicatos de funcionarios de prisiones han denunciado que este caso forma parte de un patrón más amplio de agresiones en las cárceles. A pesar del historial violento del recluso, fue ubicado en un módulo inapropiado, lo que ha llevado a cuestionar las políticas y protocolos de la administración penitenciaria. Los sindicatos exigen medidas de seguridad más efectivas, incluyendo la mejora de sistemas de vigilancia y la revisión del sistema de clasificación de internos.
La administración ha abierto un procedimiento interno para investigar la agresión, pero los sindicatos consideran que las medidas son insuficientes. La situación en el centro penitenciario es un claro llamado a la revisión fundamental de las políticas del sistema penitenciario, donde la seguridad del personal debe ser una prioridad.
Los sindicatos de funcionarios de prisiones han denunciado que este caso forma parte de un patrón más amplio de agresiones en las cárceles. A pesar del historial violento del recluso, fue ubicado en un módulo inapropiado, lo que ha llevado a cuestionar las políticas y protocolos de la administración penitenciaria. Los sindicatos exigen medidas de seguridad más efectivas, incluyendo la mejora de sistemas de vigilancia y la revisión del sistema de clasificación de internos.
La administración ha abierto un procedimiento interno para investigar la agresión, pero los sindicatos consideran que las medidas son insuficientes. La situación en el centro penitenciario es un claro llamado a la revisión fundamental de las políticas del sistema penitenciario, donde la seguridad del personal debe ser una prioridad.