Progresista 82.5%Conservador 17.5%
Acusaciones y diferencias sobre la legalidad de los peajes en la AP-9: debate político en Galicia sobre su gratuidad
Todas las fuerzas políticas gallegas claman por la eliminación de los peajes, pero divergen en datos y argumentos sobre los costos de rescate de la concesión.
Publicado: 18 de septiembre de 2025, 20:38
La reciente controversia sobre la AP-9 ha adquirido relevancia ante el vencimiento del plazo para su prórroga, intensificándose en el contexto de la Semana Europea de la Movilidad, donde todos los partidos políticos piden eliminar los peajes, aunque con diferentes enfoques sobre la viabilidad y el costo de tal medida. El BNG ha instado al Gobierno central a rescatar la AP-9, argumentando que el costo sería inferior a 1.000 millones de euros, mientras que la Xunta de Galicia critica al Gobierno por mantener los peajes en una vía esencial para la región.
Todos coinciden en que la Comisión Europea ha declarado ilegal la prórroga de la concesión, lo que ha llevado a un requerimiento para su anulación. El informe reciente del Gobierno señala que los costos del rescate varían entre 904,7 millones según el BNG y 2.356 millones según la Xunta, mostrando una disputa política y técnica sobre la evaluación de estos costos. El Gobierno de Pedro Sánchez busca una solución acorde a los intereses generales, aunque ha recibido críticas por la falta de claridad en sus respuestas a Bruselas. Por su parte, Junts ha mostrado interés en el efecto que esta situación podría tener en Cataluña, donde el debate sobre la financiación y gestión de infraestructuras también está en curso.
Mientras tanto, la firma concesionaria, Autopistas del Atlántico SA (Audasa), sigue siendo criticada por los altos costos para los usuarios, a pesar de contar con bonificaciones financiadas por fondos públicos. Diversos partidos, incluyendo el PSOE, han señalado que el tema de los peajes no solo afecta a Galicia, sino que también es relevante para otras regiones que enfrentan situaciones similares, lo que podría llevar a una revisión de las políticas de concesión en toda España. El debate sigue en curso, con un llamado general en el ámbito político y social para que la AP-9 sea gratuita y gestionada públicamente, en un momento donde la justicia y equidad en el transporte son exigencias urgentes.
Todos coinciden en que la Comisión Europea ha declarado ilegal la prórroga de la concesión, lo que ha llevado a un requerimiento para su anulación. El informe reciente del Gobierno señala que los costos del rescate varían entre 904,7 millones según el BNG y 2.356 millones según la Xunta, mostrando una disputa política y técnica sobre la evaluación de estos costos. El Gobierno de Pedro Sánchez busca una solución acorde a los intereses generales, aunque ha recibido críticas por la falta de claridad en sus respuestas a Bruselas. Por su parte, Junts ha mostrado interés en el efecto que esta situación podría tener en Cataluña, donde el debate sobre la financiación y gestión de infraestructuras también está en curso.
Mientras tanto, la firma concesionaria, Autopistas del Atlántico SA (Audasa), sigue siendo criticada por los altos costos para los usuarios, a pesar de contar con bonificaciones financiadas por fondos públicos. Diversos partidos, incluyendo el PSOE, han señalado que el tema de los peajes no solo afecta a Galicia, sino que también es relevante para otras regiones que enfrentan situaciones similares, lo que podría llevar a una revisión de las políticas de concesión en toda España. El debate sigue en curso, con un llamado general en el ámbito político y social para que la AP-9 sea gratuita y gestionada públicamente, en un momento donde la justicia y equidad en el transporte son exigencias urgentes.