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Activistas por el catalán intensifican presiones en comercios mientras el Ayuntamiento es criticado por menospreciar derechos lingüísticos
La Plataforma per la Llengua se enfrenta a la reacción del Ayuntamiento tras medir la discriminación hacia hablantes de catalán en Barcelona.
Publicado: 10 de julio de 2025, 12:36
En Cataluña, el uso del catalán genera controversia, especialmente con la creación de 'comandos lingüísticos' que visitan comercios para velar por su cumplimiento en la rotulación y atención al cliente. Estos grupos, respaldados por la Plataforma per la Llengua, hacen un llamado a adoptar el catalán en los negocios para evitar sanciones, resaltando un aumento en situaciones de discriminación lingüística en la región.
Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha sido criticado por presentar un informe que reveló que la gran mayoría de quejas de discriminación lingüística son contra hablantes de catalán. En la presentación del informe, se realizaron gags despectivos hacia el aprendizaje del idioma, lo que causó la indignación de la Plataforma, que exige una disculpa pública del alcalde y cambios en la forma de abordar estos temas en eventos municipales.
Este contexto refleja la creciente tensión sobre el uso del catalán en la vida cotidiana, en la que las acciones de activistas y la respuesta institucional se enmarcan dentro de un conflicto lingüístico que polariza a la sociedad y plantea interrogantes sobre el respeto a los derechos lingüísticos.
Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha sido criticado por presentar un informe que reveló que la gran mayoría de quejas de discriminación lingüística son contra hablantes de catalán. En la presentación del informe, se realizaron gags despectivos hacia el aprendizaje del idioma, lo que causó la indignación de la Plataforma, que exige una disculpa pública del alcalde y cambios en la forma de abordar estos temas en eventos municipales.
Este contexto refleja la creciente tensión sobre el uso del catalán en la vida cotidiana, en la que las acciones de activistas y la respuesta institucional se enmarcan dentro de un conflicto lingüístico que polariza a la sociedad y plantea interrogantes sobre el respeto a los derechos lingüísticos.