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Ábalos y su exasesor Koldo García acusan a Leire Díez de manipular defensas para proteger al PSOE en un contexto judicial tenso.
La solicitud para personarse como acusación particular en la causa judicial destapa presuntas injerencias en la defensa legal de investigados por corrupción.
Publicado: 10 de noviembre de 2025, 20:28
El exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García han solicitado formalmente al Juzgado de Instrucción 9 de Madrid personarse como acusación particular en la causa que investiga a Leire Díez, una exmilitante del PSOE, acusándola de liderar una operación para controlar sus defensas legales y evitar que sus casos afecten al PSOE. Según sus alegaciones, Díez habría manifestado tener bajo su control la defensa de varios investigados y acceder a información reservada de instituciones como la Guardia Civil y la Fiscalía, lo que plantea preocupaciones sobre la imparcialidad del proceso judicial.
Las afirmaciones presentadas por Ábalos y García incluyen una supuesta estrategia procesal destinada a establecer un pacto de no agresión con el PSOE, lo que sugiere injerencias que podrían comprometer la independencia judicial. Además, se alega que Díez intentó desmantelar la supervisión de un inspector que estaba a cargo de una operación que podría haber investigado estas maniobras, lo que intensifica las sospechas sobre su conducta. La solicitud de estas diligencias de investigación refleja una búsqueda de claridad y transparencia sobre una situación que involucra temas de ética y justicia en el entorno político español.
El requerimiento de Ábalos y García no solo se percibe como un propósito de defensa personal, sino también como un esfuerzo por resaltar posibles irregularidades en el sistema judicial, subrayando la necesidad de una evaluación exhaustiva de su caso dado el contexto político tenso y las implicaciones de las acusaciones presentadas.
Las afirmaciones presentadas por Ábalos y García incluyen una supuesta estrategia procesal destinada a establecer un pacto de no agresión con el PSOE, lo que sugiere injerencias que podrían comprometer la independencia judicial. Además, se alega que Díez intentó desmantelar la supervisión de un inspector que estaba a cargo de una operación que podría haber investigado estas maniobras, lo que intensifica las sospechas sobre su conducta. La solicitud de estas diligencias de investigación refleja una búsqueda de claridad y transparencia sobre una situación que involucra temas de ética y justicia en el entorno político español.
El requerimiento de Ábalos y García no solo se percibe como un propósito de defensa personal, sino también como un esfuerzo por resaltar posibles irregularidades en el sistema judicial, subrayando la necesidad de una evaluación exhaustiva de su caso dado el contexto político tenso y las implicaciones de las acusaciones presentadas.